El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de recusación que interpuso el abogado Rogelio Cruz para declarar impedido al magistrado Harry Díaz, como fiscal en el caso de los pinchazos telefónicos en contra del expresidente Ricardo Martinelli.
Cruz, en el recurso de recusación, denunció enemistad manifiesta con el magistrado Harry Díaz, lo que constituye un peligro evidente para que el proceso no se realice de manera objetiva e imparcial.
Sin embargo, el Pleno decretó extemporáneo el recurso, por considerar que no fue presentado en tiempo oportuno.
Rogelio Cruz destacó que el recurso fue interpuesto el martes de la semana pasada, antes de que el magistrado Díaz remitiera ante el juez de garantías, el escrito de acusación contra el expresidente Martinelli.
No obstante, el fallo se da en menos de 48 horas, luego de que el magistrado Díaz apareciera en medios televisivos reconociendo las diferencias legales con el abogado Rogelio Cruz.
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que si bien es cierto ha pasado el tiempo de recusación, no hay que dejar pasar por alto el hecho de que un funcionario de instrucción tenga una enemistad manifiesta con la contraparte en el proceso.
Por esto, considera que se requiere de un mayor control del juez de garantías para preservar la transparencia en el proceso.
Por su parte, para el abogado Carlos Carrillo, resulta contradictorio que el pleno de la Corte Suprema de Justicia haya removido al magistrado José Ayú Prado del caso que se le sigue a Ricardo Martinelli por el caso de la casa de valores Financial Pacific, al declararlo impedido y, en esta ocasión, no haya actuado de forma similar.
Rencillas legales
Díaz calificó en duros términos al abogado Rogelio Cruz, quien aparece como principal de Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos telefónicos.
En entrevista a Telemetro, el magistrado reconoció que existen "rencillas legales" entre su persona y Cruz.
Durante la entrevista, el magistrado Harry Díaz dijo que Cruz no tiene "autoridad moral" para criticar a nadie.
El motivo de Harry Díaz para hacer estos cuestionamientos en contra del exprocurador surge de un incidente por el cual se le acusó de entregar un reloj celular a un detenido.
Sin embargo, en su momento, Cruz demandó a los estamentos de seguridad por violar el derecho a la intimidad que tiene un abogado con su cliente, consagrado como una de las garantías fundamentales de todo procesado.
Por este hecho, Cruz no fue procesado de manera administrativa ni mucho menos penalmente, por considerar la forma como se obtuvo el video y su posterior difusión.
Harry Díaz confirmó que el principal motivo que ha generado las rencillas legales con el abogado Rogelio Cruz surgieron de un pleito civil entre familiares, por el control de la empresa familiar Azucarera Nacional.
Harry Díaz es pariente, en grado cercano de afinidad, con una de las partes involucradas en el proceso y Rogelio Cruz, fue el abogado de la contraparte.
A juicio de Díaz, esta controversia fue la causa de una serie de denuncias contra su persona para lograr su impugnación en la Corte Suprema, las cuales asegura fueron promovidas por Rogelio Cruz.
El exprocurador, por su parte, detalló que el recurso de recusación surge, tras una demanda por inconstitucionalidad que interpuso contra la Resolución 64 del 1 de junio de 2011 de la Asamblea Nacional, en la que se ratificó la designación de Díaz como magistrado en la Sala Penal, en reemplazo de José Abel Almengor.
A juicio del magistrado Harry Díaz, el abogado Cruz pensaba que iba a intervenir en los proyectos sobre los recursos impulsados por las partes para alcanzar el control de la empresa Azucarera Nacional.
Agregó que cuando se le nombró fiscal de cuentas, que eran los mismos requisitos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no recibió los mismos cuestionamientos de parte del exprocurador.
"Rogelio Cruz fue el que empezó todos estos ataques sobre la constitucionalidad de mi nombramiento, que no hizo cinco meses antes cuando fui nombrado fiscal de cuentas", dijo Díaz.
Aseguró que desde su llegada a la Corte, se ha declarado impedido de conocer todos los recursos que se han interpuesto en esta controversia.
Para el abogado Sidney Sittón, las declaraciones hechas por el magistrado ponen en peligro la imparcialidad y objetividad de este proceso.
Harry Díaz no solo presentó un escrito de acusación en el que pide 21 años de prisión contra Martinelli, sino que también emitió una alerta azul, a través de Interpol.
Política y justicia
A juicio de Ricardo Martinelli, el proceso en su contra forma parte de una persecución de empresarios que en su gobierno tuvieron que pagar impuestos.
Dijo Martinelli en su cuenta de Twitter que estos empresarios se escudan en seudomovimientos independientes para mantener injerencias en el Ministerio Público, tal como lo confesara en su momento la procuradora Kenia Porcell, lo que luego fue ratificado por integrantes de estas agrupaciones.
Para la exprocuradora general de la nación Ana Belfon, la asesoría de los fiscales es "inusual, indebida y violatoria al debido proceso".
Belfon dijo a Panamá América que la violación del debido proceso conlleva la anulación de un caso, porque debe seguirse el trámite legal.
Mientras, Rolando Rodríguez, exfiscal superior, destacó que el expediente debe ser sometido al conocimiento de las partes.
Datos
6 magistrados principal y dos suplentes actuaron en la elaboración del fallo.
2 fueron los magistrados ausentes en este pleno extraordinario, Fábrega y Ayú Prado.
Nuevas pruebas en denuncia contra procuradora general Kenia Porcell
Nuevas pruebas fueron presentadas ante la Procuraduría General de la Administración, como parte de la denuncia interpuesta por Luis Eduardo Camacho, en contra de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell.
Entre las denuncias presentadas está poner en conocimiento del procurador de la administración, Rigoberto González, la entrevista de Jaime Abad, profesional del derecho, quien reconoció haber asesorado a fiscales.
En su declaración a los medios, Abad destacó que “nosotros formamos parte de un equipo de abogados independientes que hemos estado asesorando a algunos fiscales”.
En la denuncia se señala que las declaraciones de Abad confirman la intromisión de grupos de la sociedad civil en actividades que por ley son exclusivas de los funcionarios de instrucción.
En la denuncia se pide la separación de la procuradora Kenia Porcell.
