La medida cautelar de casa por cárcel dictada ayer contra el empresario Felipe “Pipo” Virzi sería la prueba que se necesitaba para comprobar que en Panamá se aplica una justicia selectiva, y que quienes testifiquen en contra de los adversarios del Gobierno tienen privilegios.
Incluso, comprobaría los señalamientos de juristas y miembros de la oposición que denuncian una campaña de mediatización, donde los implicados de casos similares son conducidos a los centros penitenciarios, mientras que otros -como Virzi- permanecen detenidos en sus casas.
Además, pese a la gravedad de los casos, como el empresario veragüense, a quien se le investiga por la supuesta comisión de blanqueo de capitales y corrupción.
A juicio del abogado y exprocurador general de la Nación Rogelio Cruz, “se confirma -con esta acción- la persecución y justicia selectiva que se aplica en el país.
Según el catedrático y excandidato presidencial por la vía independiente Juan Jované, la justicia tiene que ser equitativa e igual para todos, pues en algunos casos se dan medidas cautelares, y a personas que están en la misma situación se les da otra clase de medida, “entonces sería selectiva”.
“No me parece bueno que se utilice un método que si haces algo te doy una medida distinta; este mismo pacto entre los que están siendo procesados y las autoridades, podría tener resultados que no son buenos”, indicó Jované.
Añadió que ese juego podría generar que los acusados solo busquen beneficiarse de su situación, y no necesariamente hacer justicia. “En eso hay que tener mucho cuidado”.
Para el economista los casos deben resolverse y no estar guiados a que, como procesado, diga lo que quiere el procesador. “Obviamente si todo el que coopera (entre comillas) va para su casa, también hay que pensar en quienes no tienen ese tipo de arreglo”.
Destacó, además, que la aplicación de este sistema no sería equitativo entre los casos de alto perfil, y el resto de la población.
A su vez, la abogada Edna Ramos sostuvo que “definitivamente sí hay justicia selectiva en el país”.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño plantea que “a veces la justicia selectiva responde solo a casos concretos”.
Añade que también obedece a “la falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia. Además de la falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares”.
Cedeño plantea en un escrito que con esto se promociona también “la falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacia la ciudadanía”, y manifiesta que refleja cómo las instituciones penales y penitenciarias no funcionan bien.
La posición del empresario Virzi también sería beneficiosa por tratarse de uno de los donantes de campaña de varios candidatos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con el que el Partido Panameñista está cogobernando; entre ellos, Ernesto Pérez Balladares, Balbina Herrera, Martín Torrijos y Juan Carlos Navarro, además de otros políticos.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, había formulado cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.
No obstante, salió a relucir que en la ampliación de su indagatoria por ese caso, el exvicepresidente en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, vinculó al expresidente de la República Ricardo Martinelli en las supuestas irregularidades que se cometieron en esta contratación.
Ante esto, Martinelli advirtió en su cuenta de Twitter “todo es parte de una estrategia del Gobierno, que consiste en detener personas, las presionan, fuerzan a que me mencionen sin pruebas y levantan otro caso de circo mediático”.
El empresario veragüense devolvió 5 millones de dólares al erario nacional, que le había desembolsado la empresa Hidalgo & Hidalgo. El efectivo sería para la construcción del sistema de riego, que fue cancelado por el actual gobierno.
A su vez, el empresario mantenía una medida de detención preventiva desde el pasado 3 de junio.
Dicha medida cautelar fue cuestionada por la edad de Virzi, de 71 años, y el amparo de la norma.
Ante esto, la defensa de Virzi había hecho una apelación con base en el artículo 108 del Código Penal, el cual establece que “cuando el sancionado sea una persona de setenta años de edad o más ... que le imposibilite el cumplimiento de la pena en el centro penitenciario..., el juez podrá ordenar que la pena de prisión, de arresto de fines de semana o de días-multa, se cumpla en prisión domiciliaria”.
El exalcalde de la capital Bosco Vallarino; el vocero de la campaña de Juan Carlos Varela, Grimaldo Córdoba; y Giacomo Tamburrelli, son solo algunas de las figuras de alto perfil beneficiadas con la justicia selectiva que opera en el país.
Vallarino fue uno de los primeros beneficiados con medida de casa por cárcel, luego de que la Fiscalía Auxiliar lo investigara por la presunta comisión del delito de corrupción.
Vallarino aceptó en TVN Noticias haber recibido seis mil dólares del brasileño Alexandre Ventura Nogueira, como parte de un contrato para construir un estacionamiento en la capital.
A su vez, la Fiscalía Segunda Anticorrupción le impuso al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli, las medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país, después de mencionar en que había recibido órdenes del Ejecutivo.
Tamburrelli fue indagado por la fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier; había declarado sentirse amenazado, y temía por su seguridad física, por lo que pidió protección.
Al exdirector del PAN se le formularon cargos por presunto delito contra la administración pública, luego de que este favoreciera a la empresa Lerkshore International Limited, con un contrato de $45 millones para la compra de comida deshidratada.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal declaró que “la justicia que aplica el presidente Juan Carlos Varela es selectiva y caprichosa, y es algo que se puede demostrar con nombres y apellidos”.
Entre tanto, Grimaldo Córdoba recibió una medida de “país por cárcel”, luego de ser investigado por el Ministerio Público (MP) y tras haber renunciado a un alto cargo en el Minsa, después de conocerse que no poseía idoneidad de médico y debía comprobarse si había ejercido ilegalmente.
Claves
5 millones de dólares devolvió el empresario Virzi al erario por caso de riegos de Tonosí.
71 años tiene el empresario Virzi y donante de campaña de varios dirigentes del PRD.
¿Cree que se sigue aplicando justicia selectiva en el Ministerio Público, tras el cambio de medida cautelar a “Pipo” Virzi?
@6765CAJC
Una burla más al pueblo panameño. El que habló para que todos quedaran al descubierto sigue en la cárcel.
@CarlosKunguya
Claro, siguen aplicando justicia selectiva a todo el que “devuelva” parte del dinero mal habido por orden superior. ¡PERCEPCIÓN!
@JimBristain
Incapacidad por nombramientos productos del tráfico de influencias.
@jeny1576
Cárcel es lo que deben darle, hasta cuándo juegan con nuestro dinero.
@MRafael04
Si devolvió 5 millones y quién sabe cantó bajo la mesa y menciona al narizón.
@AriCollR
Y cómo será al que roba un celular, una cartera, un auto, $1,000. Qué medida recibirá.
@elbagutirrez
BINGO LOTERÍA, qué bien esa, la justicia panameña.
@frenadeso
Se debe investigar de inmediato a quiénes les donó “Pipo” Virzi en la pasada campaña electoral.
@codpty507
La justicia panameña es una burla.
