1 millón 241 mil 910 dólares se gasta actualmente el Gobierno al mes solo en el pago de las planillas a 504 asesores de 13 ministerios y otras instituciones, según se desprende en los informes de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es ¿Quién fiscaliza la labor que realizan estos asesores del Gobierno?
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a Panamá América que los ministros son quienes están encargados de vigilar las funciones de los asesores en cada ministerio.
No obstante, para el analista político Edwin Cabrera, la Contraloría General de la República también tiene la obligación constitucional de fiscalizar los recursos del Estado.
Explicó que esta institución también puede verificar la cantidad de asesores que hay en las distintas oficinas y si están prestando el servicio por el cual fueron contratados.
La fiscalización de los ministros, diputados y directores debe consistir en comprobar si el funcionario asiste y produce los documentos que se les exigen mediante las consultas.
La Asamblea Nacional (AN) es la que más gasta en asesores seguido de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República.
El gasto aumenta paralelo al número de asesores. Ejemplo de ello es que en el 2010, la AN contaba con solo 81 asesores, lo que indica que desde ese periodo se contrataron 55 nuevos funcionarios para el puesto.
Ante esto, Cabrera justificó que la Asamblea por la diversidad de leyes que atiende debe tener varios asesores debido a que atienden diferentes áreas y profesiones.
El analista es de la opinión que el problema no es cuánto cuesta la planilla mensual de asesores, sino la cantidad de legislación necesaria que se está haciendo que amerite el monto millonario de la planilla de asesores.
En la actual administración, los asesores, que pueden ser permanentes y eventuales, cuentan con jugosos salarios que van desde los $1,000 hasta los $6,000, aunque el más frecuente es de $3,000.
Sin resultados
Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), destaca que estos salarios no van para nada acorde con la gestión de gobierno.
"Los ciudadanos sacarán sus conclusiones sobre la orientación que están recibiendo los ministros", aseguró.
Esto es precisamente lo que demuestra la última encuesta de opinión realizada por Dichter & Neira, en la cual se revela que el 59% de la población desaprueba la gestión del presidente Juan Carlos Varela.
La opinión de la mayoría de los panameños hizo que el índice de gestión disminuyera en cuatro puntos, en comparación con la medición anterior, lo que revela que el presidente sigue siendo mal calificado.
Anteriormente, Varela acumulaba 40% de aprobación a su índice de gestión y ahora bajó a 36% debido a los señalamientos de actos de corrupción, persecución e injerencia en la justicia.
Para Troncoso, la asesoría que están recibiendo los ministros no es la más oportuna y recordó que en el caso de Mayer Mizrachi, el Ministerio de Relaciones Exteriores no actuó de la mejor forma al asegurar que este se había fugado de la cárcel La Picota, en Bogotá, cuando otros sectores destacaban lo contrario.
Otro tema en que no se ejerció de la mejor forma, según Troncoso, es en el caso de Barro Blanco, cuando la Presidencia hizo una negociación con dos partes, aunque deben ser tres las involucradas.
La firma del acuerdo, en compañía de la cacica Silvia Carrera, ha sido duramente cuestionada por dirigentes indígenas quienes denunciaron el pago de favores.
El expresidente de la Apede afirmó que "siempre hay una pata coja por algún lado y se hubiese podido mejorar si se corrige la falla en las decisiones que no han sido las correctas".
¿Botellas?
Enrique "Chito" Montenegro, secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, piensa que los asesores son unas "vulgares botellas" que reciben beneficios políticos por el apoyo dado a los gobiernos.
Preguntó: "¿Cómo es posible que estos ministerios tengan una cantidad de asesores importantes y los resultados sean mudos, entonces qué están asesorando?"
Igualmente, considera que es un gasto innecesario, pero dijo que quienes ocupan esos puestos políticos deben cumplir con los partidos políticos y los amigos "clientelistas", "pero la realidad demuestra que no sirven para nada o no asesoran en nada".
Mientras, el catedrático y economista Juan Jované cuestionó que una buena parte de las asesorías no sean más que premios políticos o personas a las que por algún otro motivo se les quiere favorecer, cuando realmente no son necesarios.
Aunque entiende que en algunos casos se puede necesitar un asesor, pero no con el exceso que tiene Panamá.
En tanto, la economista y profesora de la Universidad de Panamá, Maribel Gordón, dijo que los asesores son importantes siempre y cuando cumplan una función en las necesidades sociales de la población, situación que no está siendo atendida.
Señaló que los panameños han manifestado su rechazo a las políticas públicas que se están ejecutando, porque en lugar de resolver los problemas, lo que hacen es profundizarlos.
Un adecuado manejo de las políticas públicas ayudaría a que el Gobierno brinde una mejor respuesta a la población, que tanto la necesita.
En ese sentido, Gordón considera que el dinero que se paga en asesores pudiera ser destinado a la atención de prioridades de la población, en la medida que no se vean los resultados ni en vivienda, salud, educación, infraestructura, apoyo al sector agropecuario, acceso al agua potable, ni en protección al ambiente.
Por el contrario, destaca que los resultados son negativos para el desarrollo nacional.
De acuerdo con Gordón, la gestión pública debe ser reestructurada en función de los requerimientos de la población y del desarrollo nacional, lo que puede implicar que, efectivamente, haya un conjunto de asesores que no son necesarios.
"Pero además los que han sido nombrados deben cumplir sus responsabilidades con la población panameña", consideró la economista.
Economista: Tema de Barro Blanco demuestra falta de transparencia
La decisión del Gobierno ante la hidroeléctrica Barro Blanco, construida por la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), ha dado mucho que hablar, incluso hay quienes señalan que esto es un claro ejemplo de la falta de asesoría y transparencia.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer si existe o no un acuerdo con Genisa, actual concesionaria del proyecto Barro Blanco.
Luego del acuerdo firmado entre el Gobierno y la cacica Silvia Carrera, la empresa Genisa envió un comunicado en el que indicaba que no era parte de la negociación y expresaba su profunda preocupación ante ciertas cláusulas contenidas en el convenio.
No obstante, posteriormente envió otra nota en la que indicaba su intención de dialogar con las autoridades.
Según el economista Juan Jované, esto demuestra la poca transparencia del Gobierno al no mostrar el acuerdo en el cual se están comprometiendo los recursos del país.
Salarios
$6,000 puede llegar a cobrar un asesor, según los informes de planilla de la Contraloría de la República.
24 de febrero, Francisco Sierra fue designado como directivo de la Autoridad del Canal de Panamá.
1 de julio de 2014, los asesores presidenciales asumieron cargo de consejeros.
