El ministro de Seguridad Pública, Jonathan Del Rosario, confirmó la reanudación de las reuniones de homologación del proceso de licitación pública para la cuestionada compra de los uniformes para los estamentos de seguridad, por 6 millones de dólares, dada a conocer a través de publicaciones en Panamá América y Crítica, en la edición de este jueves 8 de noviembre, la cual considera que se cumple con lo que establece la ley.

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Del Rosario dijo en su cuenta de Twitter que "rechazamos de manera categórica las publicaciones..." que califica como "información falsa e inexacta".

Según el comunicado del Ministerio de Seguridad, la licitación pública de este convenio marco tiene como finalidad dotar a la fuerza pública panameña integrada por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, de un mecanismo legal, eficiente y transparente para la adquisición periódica de implementos esenciales de seguridad y defensa, que incluye diferentes renglones con especificaciones técnicas homologadas de uniformes, calzados y accesorios.

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Agrega el documento que "dicho proceso de licitación pública ha sido desarrollado cumpliendo con todas las formalidades y requisitos establecidos en la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 61 de 2017".

El alto funcionario trató de justificar la cuestionada compra diciendo de que "está contemplada en la ley que no es nuevo y actualmente es empleada por todas las instituciones del Estado panameño para la adquisición regular de bienes incluyendo artículos de limpieza, útiles de oficina, mobiliario y hasta vehículos a motor como camiones compactadores de basura, grúas y volquetes".

El nuevo negocio de 6 millones de dólares también fue cuestionado por La Estrella de Panamá en el sentido de que la empresa Fiori Internazionale S.A. señaló en su acción de reclamo que la licitación 2018-127-0-08-LM--001946 riñe directamente con la Ley de contrataciones, específicamente en el principio de igualdad de los proponentes y de que se favorezca a un proponente en perjuicio de otro. "Este acto evidencia mediante su estructuración, la parcialidad y orientación hacia ciertas marcas y proveedores autorizados", establece el reclamo.

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Para la ejecución de estos negocios, el mandatario Juan Carlos Varela encargó directamente a uno de sus hombre de confianza, Jonathan Del Rosario, desde que asumió como viceministro en junio de 2016, pasando por encima del entonces ministro Alexis Bethancourt, al frente del cargo hasta el pasado 31 de octubre.