El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien anteriormente ha lamentado la condición de los presos políticos del Gobierno, cumplió ayer su compromiso y visitó la cárcel preventiva ubicada en la sede de la Policía Nacional, en Ancón.
Ulloa conversó con Riccardo Francolini y con el exgerente general de la Caja de Ahorros Jayson Pastor, a los cuales se les había negado asistir a misa hace varios domingos.
También visitó a los policías detenidos.
Monseñor Ulloa envió un mensaje de perdón y reconciliación a los encargados de esta administración, que a lo largo de su gestión han profesado aplicar el llamado de la Iglesia, aunque no frente a los temas de carácter judicial.
La visita del arzobispo se produjo luego de que la esposa y el padre del presidente de NEXtv sostuvieran una reunión con Ulloa, quien se comprometió a acudir a la sede de la Policía Nacional, donde Francolini se mantiene detenido preventivamente.
La persecución política sigue marcando la gestión del gobierno del presidente Juan Carlos Varela en contra de funcionarios de la administración del presidente Ricardo Martinelli.
Este sería el caso del empresario y presidente del canal de televisión NEXtv, Riccardo Francolini, quien se mantiene detenido, preventivamente, pese a que por el mismo caso, otros implicados han recibido medidas cautelares diferentes.
Tanto miembros del partido Cambio Democrático (CD) como juristas han solicitado al presidente Varela y al Ministerio Público (MP) acabar la persecución y la sed de venganza.
Para la exembajadora en Suiza Candice Williams, "el Gobierno se pinta de religioso y no le permiten a Riccardo Francolini ni siquiera asistir a misa, ¿qué clase de fe?".
Incluso las declaraciones y acciones en las que se involucra a las figuras allegadas al presidente Juan Carlos Varela confirmarían la sed de venganza y persecución del mandatario contra funcionarios del pasado gobierno, que contrastan con los principios promovidos en su gestión.
Y es que en los casos de persecución sobre funcionarios como el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima no fueron presentadas pruebas de un presunto delito.
Carmen Boyd, del frente de trabajadores del partido Cambio Democrático, aseguró en días pasados que han quedado al descubierto las persecuciones y los encarcelamientos que el gobierno de Varela ha realizado contra miembros de su colectivo.
"Cada caso que ellos se inventan se les cae. Varela en estos momentos debe ponerse a trabajar y dejar de perseguir a los integrantes de Cambio Democrático", afirmó la dirigente.
Aunque desde hace algunos meses ya el presidente Varela y quienes son sus allegados venían dando muestras --en un excéntrico discurso por sus dos primeros años de gestión-- de lo que iba a ocurrir con sus críticos meses después.
El 1 de julio, Varela hizo un recuento de que habían pasado cinco años desde que fue destituido del gobierno pasado, y se refirió a la actuación de los fiscales y jueces para acelerar los casos contra exfuncionarios.
No obstante, las palabras del presidente han comprobado que existe una relación entre los estamentos de justicia y el seguimiento del Ejecutivo.
En la versión del presidente Juan Carlos Varela, este señaló que, supuestamente, su salida del gobierno anterior fue luego de perder la batalla contra la corrupción.
Sin embargo, miembros de la pasada administración refutaron lo expresado por el presidente argumentando que, tristemente, el mandatario ha venido a destruir la economía del país.
Entre ellos, el expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien dijo: "No me equivoqué -en destituirlo-".
A su vez, el veterano político y miembro del Partido Panameñista Jorge Gamboa Arosemena sostuvo ayer: "Tenemos que hacer un alto en este país y debemos reestructurar la vida política panameña".
"Cada gobierno es peor que el anterior, se ha ido degradando. Mis copartidarios que creen que están haciendo las grandes cosas y criticando a Martinelli están haciendo lo mismo y peor", sentenció.
En la administración del presidente Juan Carlos Varela se han ventilado más de 25 casos contra exfuncionarios, en los cuales se ha dictado arresto preventivo, pero luego jueces han ordenado el cambio de estas medidas por considerarlas abusivas y fuera de término.
En uno de estos últimos casos que se comprobó extralimitación de funciones, estaría el aplicado contra el periodista Julio Miller, quien permanece en un hospital con tratamiento médico, que recibió esta semana una anulación de indagatoria por parte del Segundo Tribunal Superior, por la investigación del caso de Riesgos de Tonosí.
Defensores del comunicador y críticos del Gobierno reclamaron sobre quién pagará el daño a la moral y salud de Miller.
Exfuncionarios y miembros de la oposición han denunciado que varios de estos casos buscan vincular de algún modo a los líderes políticos de Cambio Democrático (CD).
Aun el mes pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debió archivar un expediente en el que se vinculó al expresidente Ricardo Martinelli, con un caso de deportación de chinos en Migración.
Venganza política se habría aplicado a figuras presidenciables
En unas declaraciones del diputado perredista Iván Picota, este afirmó que la detención del exministro del Mides Guillermo Ferrufino era un pase de factura por haberse negado a correr como vicepresidente de Juan C. Varela.
Picota detalló que el pecado de Ferrufino, por el cual se le armó un caso judicial, fue haberle dicho a Varela en tres ocasiones que no iba a ser su vicepresidente.
“Esto es un pase de factura", dijo Picota en una entrevista, en la que aseguró que la excusa de Ferrufino sería porque tenía intenciones de correr en 2019: “¡es una venganza!”.
Picota destacó que la estrategia de reforzar las opciones del entonces candidato Varela, en el 2014, surgió en una reunión en un yate "donde llegó el gringo que era el asesor de ellos electoralmente, y les dijo: el hombre para tu vicepresidente se llama Guillermo Ferrufino. Por lo que en tres ocasiones fueron a tocarle la puerta, a él -Ferrufino- pero les dijo que no... por lo que “ha pagado las consecuencias".
Claves
18 meses han permanecido detenidos algunos exfuncionarios por la persecución.
5 semanas se ha mantenido el empresario Riccardo Francoli sin poder asistir a misa.
