Opinión
- Marcos A. Gandásegui /Sociólogo
Preocupación
- La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado. El país se percata de que está en un espiral de violencia institucional cuyo resultado final es impredecible.
- Las fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos, con el aval de las autoridades. La pérdida trágica de vidas y los atentados a familias forman parte de un patrón.
- La Policía Nacional recibe entrenamiento militar bajo el supuesto erróneo de que la institución (y el país) se encuentra en una 'guerra' contra las drogas.
- Si el Gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas militares de EE.UU. para entrenar a su personal y desarrollar actividades militares, solo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en peligro la vida de todos los panameños en forma permanente.
- A diferencia de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa.
- El policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al enemigo en el campo de batalla.
- Estamos presenciando una tendencia en el que el policía está actuando cada vez más – en forma equivocada - como militar.
- Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía continúa deteriorándose, estaríamos entrando en una fase muy peligrosa.
En el Ministerio Público habrá “cero tolerancia” ante los casos de policías que por error disparen en contra de civiles, así lo hizo saber la procuradora general de la nación, Ana Belfon.
Esta reacción de la procuradora se da ante los reciente acontecimientos en los que se han visto involucrados policías por disparar contra autos de civiles, donde se han registrado muertes y personas heridas.
Luego del más reciente incidente de esta naturaleza, registrado la noche del viernes 15 de noviembre, donde dos mujeres resultaron heridas, en Villa Zaíta, la procuradora convocó a una reunión urgente con los fiscales superiores de todo el país.
En ese encuentro, Belfon instruyó a los fiscales a actuar de manera enérgica contra las unidades policiales que cometan este tipo de errores durante el ejercicio de sus funciones.
Una prueba de ese rigor que está implementando el Ministerio Público se demostró este lunes cuando el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, anunciara que se le formularon cargos por tentativa de homicidio a tres unidades de la Policía Nacional que estaban en una operación antisecuestro en Villa Zaíta, cuando se dio el incidente donde las mujeres que iban en un auto Toyota Prado resultaron heridas, porque aparentemente fue confundido con uno de los autos donde iban los secuestradores.
Ante estos hechos, Belfon dijo que en los próximos días convocará a una reunión con los altos niveles de los estamentos de seguridad para que le expliquen por qué se están cometiendo estos tipo de errores.
“Conocemos que existen los protocolos, pero necesitamos saber qué factores están incidiendo en estos hechos para que se tomen las medidas suficientes, para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, dijo Belfon.
Este sería el tercer proceso que levanta el Ministerio Público en menos de un mes contra policías que disparan a vehículos de civiles.
El director de la Policía Nacional, Julio Moltó, y el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, hasta el momento han preferido no dar detalles sobre este caso más reciente.
Solamente el director de la Policía Nacional, Julio Moltó, al ser consultado, se limitó a decir que “no podemos dar declaraciones de un caso que está en manos del Ministerio Público, porque cualquier cosa que se diga podrá ser usado en contra de la institución”.
Al cierre de esta edición, ambos funcionarios estaban reunidos aparentemente tratando este tema; se conoció que el ministro Mulino le comunicó al director policial y a la alta oficialidad de la institución actuar con mucha rigurosidad en contra de las unidades que cometan este tipo de errores.
Quien reaccionó fue el presidente de la República, Ricardo Martinelli, al expresar que por estos “errores” que se comenten no se debe estigmatizar a toda una institución que “está haciendo un excelente trabajo”.
Aplicación de medidas
Por este hecho de Villa Zaíta, el Ministerio Público formuló cargos a un capitán, un cabo segundo y un agente, a quienes también se les decretó la detención preventiva; en estos momentos permanecen en la celda transitoria de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ); a los agentes policiales también se les suspendió de sus cargos.
En el momento de los hechos, las unidades estaban de civil, ya que forman parte de unidades especializadas de la Dirección de Investigación Policial (DIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), dos dependencias de la Policía Nacional para realizar labores de investigación encubierta contra el crimen.
El fiscal dijo que los resultados se obtuvieron en menos de 24 horas, luego de que este despacho de instrucción designara a un equipo de trabajo especializado que permitiera recabar las pruebas para establecer los elementos suficientes en contra de las unidades policiales.
En horas de la madrugada del domingo, los policías rindieron declaraciones indagatorias en donde confesaron que habían disparado contra el auto donde iban tres mujeres adultas y tres niños.
El fiscal Aguilar dijo que dentro de las investigaciones se logró establecer que las unidades policiales realizaron más de 25 disparos contra el autos donde iban las víctimas.
Sin embargo, dijo que hasta el momento los peritos de balística del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense (Imelf) no han remitido los resultados finales de estas investigaciones.
Además, se está en espera del informe médico legal de los ocupantes del vehículo para incorporar mayores pruebas en este expediente.
Igual a como ocurrió en el caso de San Carlos, donde fallecieron dos menores de origen indostano, las autoridades del Ministerio Público aplicaron las medidas cautelares de protección que establece el Código Judicial y no sobre lo que dice la Ley 74 que reforma la ley orgánica de la Policía Nacional, que dicta tratamiento especial para las unidades denunciadas por delitos penales en el cumplimiento del deber.
Defensoría del Pueblo
Mientras, la defensora del pueblo, Lilia Herrera Mow, informó sobre el inicio de una investigación de oficio por estos incidentes ocurridos en contra de civiles, en donde se vieron involucrados agentes de la Policía Nacional.
“Es alarmante y preocupante lo que está sucediendo, como entidad vamos a tomar las acciones que sean necesarias a fin de evitar que se den más situaciones de esta índole”, dijo Herrera Mow.
Herrera indicó que también se va a coordinar una reunión con el director de esta entidad, Julio Moltó, para tratar sobre el tema de los protocolos que siguen los policías en la aplicación de los retenes.
A su vez, la defensora anunció que realiza las gestiones necesarias a fin de empezar una capacitación sobre Derechos Humanos en la Policía Nacional.
Para el exdirector de la Policía, Carlos Barés, hay un problema de liderazgo en la institución que se tiene que solucionar.
