Trabajo riesgoso
- El Convenio 182 de la OIT define las peores formas de trabajo infantil en las que niños, niñas y adolescentes no deben estar.
La esclavitud y prácticas análogas
- como la trata infantil, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, los niños en conflictos armados.
Explotación sexual infantil
- De las que se deriva la prostitución, pornografía y actuaciones pornográficas que tienen graves consecuencias a corto y a largo plazo.
Participación de niños
- En actividades ilícitas, por ejemplo, la producción y el tráfico de estupefacientes. Incluso la mendicidad organizada está dentro de esta.
El trabajo
- Que pueda dañar la salud, seguridad o la moralidad del niño como coser balones de fútbol o ropa, romper ladrillos para la construcción de carreteras y hacer palillos para cerillas.
Un problema que los priva de vivir de su niñez
- El trabajo infantil es todo aquello que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Según la encuesta de 2012, en Panamá, 39% de los casi 51,000 niños y adolescentes trabajadores no recibía una educación. Algunas de las causas más comunes de este flagelo son la desintegración familiar, el desempleo en los adultos y la tolerancia o permisividad cultural sobre estas acciones. Algunas de las consecuencias en los menores son lesiones por exposición a las condiciones climáticas, como quemaduras solares e hipotermia, enfermedades respiratorias y en la piel.
Opinión - Angélica La Vitola, Directora ejecutiva de Casa Esperanza
- Mejores estrategias
- Pese a los esfuerzos, aún hay mucho por hacer, todavía existen en Panamá más de 50,000 niños y adolescentes identificados como trabajadores. Una cifra que podemos lograr erradicar con el apoyo y coordinación articulada y efectiva de todas las partes involucradas. Hay que humanizar las estrategias, recordar que se trabaja con los niños, hay que escucharlos y generar mayor conocimiento sobre el tema y el Estado debe trabajar coordinadamente con las ONG.
Un estudio de percepción sobre trabajo infantil ha revelado que los niños y adolescentes que laboran no conocen cuáles son sus derechos, y menos que están siendo violentados.
Asimismo, el análisis realizado por Casa Esperanza deja en evidencia que se está registrando mucho trabajo doméstico.
Con un marco de error de 3.04% y aplicado a 1,040 entrevistados, entre estos menores de edad y adultos, el estudio reveló que de cada 10 niños, cinco realizan algún oficio en el hogar y cuatro trabajan cosechando en el campo, respuesta obtenida de los niños que fueron sondeados.
Mientras que de cada 10 niños, siete no reciben ingreso o beneficios de algún tipo y más del 50% de ellos consideraba que trabajar no tenía alguna consecuencia positiva o negativa.
En el caso de los adultos, más del 50% señaló que el niño debe estudiar, pero de cada 10, dos consideran que es bueno que trabajen.
Otro 50% ve como positivo el trabajo infantil porque enseña al niño un oficio, y el 30% opinó que fortalece su desarrollo integral; lo que denota un gran desconocimiento sobre el tema.
En el sector privado saben qué es el trabajo infantil, pero no se tiene definida una línea, aunque tienen una política definida en la que de cada 10, ocho respondieron que no contratan mano de obra infantil. Ninguno de los entrevistados supo certificar si en la línea de producción hay menores trabajadores.
Políticas públicas
Para José Roberto Morales, asesor técnico de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para Panamá y Ecuador, el país ha mostrado importantes avances en la materia al haber logrado bajar las cifras de niños trabajadores de 80 mil a 51,410, en el 2012.
Esto demuestra, a juicio de Morales, una tendencia positiva en reducir el trabajo infantil; pero el desafío principal como país es hacer que esos niños lleguen a cero en los próximos cuatro o cinco años, de manera que se pueda lograr cumplir la agenda hemisférica de trabajo decente para el 2020.
En la región, Panamá está cerca de lograr el objetivo. Lógicamente, hay que hacer un férreo trabajo, por las cifras; pues el 73.2% de los niños y adolescentes trabajadores está en las áreas comarcales y zonas rurales, comentó Morales.
“Las políticas públicas que promuevan la inclusión, tanto económica como social, de esos territorios, deben ser prioritarias, de manera que se pueda generar un desarrollo que se traduzca en reducir el número de niños en trabajo infantil”, expresó el experto.
Como parte de un proyecto para la construcción de políticas públicas más efectivas contra la problemática, durante 18 meses de ejecución se procedió a analizar cuatro pilares, informó Morales.
Por un lado, se vio el marco de la investigación y el desarrollo del conocimiento, en el que se ha realizado seis estudios que han permitido conocer cómo se está desarrollando el tema de trabajo infantil en el país y cuál es la respuesta institucional y los desafíos más importantes.
De igual forma, se hizo avances importantes en la construcción y desarrollo de capacidades de los actores con métodos que permiten abordar mejor el problema en el territorio.
Se avanzó en el análisis de marco jurídico, y quedó demostrado que no es un área que requiere un cambio significativo.
Finalmente, en lo que se refiere a capacidades técnicas de los funcionarios públicos, se detectó que el tema no se comprende en toda su dimensión ni a cabalidad de manera homogénea entre diferentes instituciones públicas y privadas, y que los responsables de entender el trabajo infantil no tienen todos la misma visión sobre cuáles son los puntos que realmente deben abordar.
Por tal motivo, se prepara un módulo de capacitación con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), para construir una certificación oficial, siendo la primera experiencia regional destinada a desarrollar competencias que permitan ser consistentes del trabajo que se desarrolla.
Cuatro meses para realizar la nueva encuesta y ver la situación actual
La próxima administración tiene el reto de llevar a cabo la nueva encuesta entre octubre y noviembre de este año.
Herramienta que permite medir si el flagelo ha disminuido o no en el país. Cada dos años se debe realizar este sondeo, en el que la meta es lograr una reducción de 10,000 niños al año. Se requieren de unos 400,000 dólares para su realización, señaló Rosa Carrasco, directora de la Diretippat, quien agregó que por más que se haga el trabajo para sacar a los niños de las calles siempre se detectan, sobre todo cuando se presentan las denuncias, porque el menor sufrió alguna herida.
En enero o febrero de 2015 deben tenerse los resultados de este último sondeo.
