Las represalias contra la Editora Panamá América no solo vendrían desde el Órgano Ejecutivo.
Esto quedó demostrado cuando, recientemente, el Órgano Judicial negara un servicio de publicación de edictos emplazatorios que había sido ganado bajo licitación por Epasa, y que representaban un ahorro para el Estado de 100 mil dólares.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apeló a tecnicismos para cancelar el contrato que ya había sido adjudicado.
Ante esto, representantes de gremios informativos denunciaron que "el Estado no puede utilizar los recursos públicos asignados para la publicación de edictos como premio y castigo" ni limitar los servicios informativos de un medio.
