Partidos incumplen con los recursos para capacitación

 

La distribución del fondo público asignado a los partidos políticos para su funcionamiento y capacitación no cumple con el porcentaje que establece la ley electoral.

Al entrar en vigencia la Ley 54 del 17 de septiembre de 2012, que reformó el artículo 182 del Código Electoral, se reglamentó la nueva distribución para la contribución del Estado referente a los gastos de los partidos políticos y los candidatos de libre postulación.

Esta modificación estableció que las organizaciones políticas debían destinar 50% de sus ingresos a la capacitación de su membresía, incluyendo 10% a las actividades de la mujer.

No obstante, en la anualidad de julio de 2013 a junio de 2014, hubo una desproporción de hasta 76% para el renglón de funcionamiento en colectivos como el Partido Popular (PP).

Este colectivo, hoy oficialista, recibió 261,184 dólares como parte del financiamiento poselectoral, de los que 198,661 dólares fueron gastos en la oficina del partido. Otros 87,440 dólares se pagaron en salarios, incluso más que el monto asignado a la capacitación política, que fue de 62,522 dólares.

Igual ocurre con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), el cual destinó en la anualidad pasada 70% de sus fondos para gastos de oficina y solo 30% para capacitación política.

En el caso del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que recibió el mayor monto público, con un millón 316 mil dólares, este decidió ubicar 53% de su contribución al funcionamiento y el restante 47% a la capacitación.

El abogado Ernesto Cedeño sostiene que si los magistrados ven que este porcentaje no se está cumpliendo, deben parar el otorgamiento del subsidio; si no lo hacen, se convierten en cómplices de esta irregularidad.

“Podrían enfrentar procesos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por omisión al ejercicio del cargo. Se impuso una restricción del uso”, explicó el abogado.

Añadió que el TE debe analizar el informe que presentan los partidos sobre la utilidad del recurso y su responsabilidad es fiscalizarlo.

El jurista señaló que no hay otro ente que pueda fiscalizar el fondo público que no sea el TE. “Si no hacen nada y lo dejan así, cualquier persona los puede denunciar; si se comprueba que la Sala de Acuerdos consiente lo mismo, entonces debe responder”, destacó.

A juicio del analista político Edwin Cabrera, el TE tiene un nivel de complicidad en que cada vez los partidos le dediquen menos tiempo y recursos a la formación político-ideológica.

“Eso trae como consecuencia constantes improvisaciones y, en ocasiones, errores en la aplicación de la toma de decisión”, expresó Cabrera.

El analista señala que la capacitación política es necesaria porque cada colectivo, teóricamente, tiene una filosofía y razón de ser, tanto en la forma de gobernar como al estar en oposición.

Manuel McLaughlin, del departamento de Financiamiento Público del TE, explicó que para su fiscalización, cada partido presenta las ejecuciones de gasto y una vez se hace esto, recibe el desembolso.

“Llámese capacitación o funcionamiento. Antes de entrar en vigencia la Ley 54, se modificó el Código Electoral, pues se distribuía el 75% del gasto en funcionamiento y el otro 25% a la capacitación, pero ahora es 50% para cada uno”, comentó el funcionario.

Aseguró que en el Departamento de Auditoría Interna del Tribunal se fiscalizan los activos, verifican, analizan y custodian los recursos. También deben levantar los inventarios de equipos, como computadoras, inmuebles u otras posesiones que requieren placas para su verificación.

Entre las actividades que realizan los partidos y que son costeadas con el fondo público se encuentran las giras y capacitaciones a nivel nacional.

Para la fiscalización, el Tribunal Electoral confeccionó una serie de formularios, en los que se debe colocar descripciones como placa del vehículo y los gastos en combustible.

Estos pueden, además, comprar vehículos con el fondo público, “siempre y cuando se apruebe en una sala de acuerdos del TE”, detalló el jefe del departamento de Finanzas.

“Anteriormente, se les pedía colocar el logo del Tribunal o la línea amarilla en los autos, pero no llegó a ser de manera oficial, porque recordemos que ellos son un ente público y privado”, aclaró el encargado de financiamiento público del Tribunal.

Sostuvo que a pesar de que los partidos son financiados por el Estado, tienen una administración privada, y por ahora solo cuentan con un logo para identificar sus autos. “No los pueden llevar para su casa”, acotó.

Para la presentación de los informes de gastos, el Departamento de Auditoría Interna se reúne con los partidos cuatro veces por año, pero hay casos en los que la revisión del gasto se realiza incluso hasta 5 o 6 veces.

“Puedes tardar 3 o 4 meses en la revisión de un informe. Entre más grande es el partido, mayor es el esfuerzo que realizamos. Se pueden revisar 6 y 7 veces”, especificó McLaughlin.

Mejores salarios

Todo indica que el financiamiento público poselectoral, que para el quinquenio 2014-2019, asciende a 42.3 millones de dólares, también podría ser utilizado para aumentar el salario de los empleados y contratar nuevo personal si así lo dispone el representante legal del partido -según su estructura, el presidente o secretario general- y si recibe el aval del Tribunal, según dispone el propio Código Electoral.

Solo el año pasado, los cinco partidos legalmente constituidos en el país gastaron en planillas más de un millón de dólares.

El artículo 2 de la Ley 54 establece que “la educación cívico-política con énfasis en la enseñanza de la democracia, la importancia del Estado de derecho y papel que deben jugar las autoridades mediante el voto popular en una sociedad democrática, recibiría un monto mínimo de 50% del aporte anual”.