La Asamblea Nacional se ha convertido en un organismo sumiso al Órgano Ejecutivo, al punto de llegar a aprobar todas las peticiones que hace el presidente de la República, afirmaron políticos y miembros de la sociedad civil.
Una de las últimas acciones que comprueba esta situación, según los entrevistados, es la elección de Alfredo Castillero Hoyos como nuevo defensor del pueblo.
Consideran que con esta elección de un funcionario allegado al gobierno de Juan Carlos Varela se comprueba la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo.
Y es que desde un principio se ha dicho a lo interno de la Asamblea que su designación como ombudsman sería a cambio de la presidencia de la Asamblea, por diputado del PRD.
Solo ayer pudo comprobarse cómo el nombramiento de Castillero Hoyos llevaría un matiz político, al designar como defensora adjunta a la excandidata a diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Elsa Fernández Aguilar.
Para el panameñista Jorge Gamboa Arosemena, existe una confirmación de lo que todo el mundo conoce. "El Órgano Legislativo es un apéndice del Ejecutivo".
Sostuvo que los diputados son reos del tráfico de influencias, que a través del diputado José "Popi" Varela, "el matraqueador", los pone en línea a recibir prebendas.
"El varelismo está destruyendo al panameñismo, y está camino a destruir la poca democracia que teníamos", indicó.
Añadió que la única forma de erradicar el problema es a través de una constituyente originaria.
A su vez, Carlos Lee, miembro de Alianza Ciudadana, señala que ha dejado en evidencia lo que toda la sociedad sabe. "Aquí se designa a un defensor del pueblo en un debate exclusivamente político; la Defensoría se debe convertir en la procuraduría de los derechos humanos".
Lee sostiene que designar a una figura en medio de negocios políticos y sus sectores, debilita la institución. "Tiene un defecto de nacimiento, porque se excluye la posibilidad de que la ciudadanía tenga injerencia en ese nombramiento".
A su vez, la exlegisladora Teresita de Arias declaró que si bien no ha habido transfuguismo, este gobierno ha encontrado el modo de conducir los favores sin pedirle a la gente que se cambie de partido".
"Lo que está pasando es que en el colapso absoluto de los partidos políticos, es que a falta de una oposición responsable, seria y además imprescindible, ponen en peligro la democracia", manifestó la dirigente, quien señala que este principio se fundamenta entre los tres poderes del Estado.
"Como dice la Constitución, son independientes entre sí, y deben actuar en armónica colaboración, y no armónica subordinación; aquí lo que estamos haciendo es una burla de ese artículo de la Constitución. Eso fue lo que pasó con los magistrados, con el defensor y va a ser lo que seguirá sucediendo", opinó.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez reconoció que existe un control del Ejecutivo en la Asamblea. Ello, debido a la necesidad que tienen los diputados en obtener recursos para resolver los problemas puntuales de sus electores y lograr la reelección de su curul.
Nombramientos de la Asamblea Nacional han sido complacientes
Uno de los primeros nombramientos cuestionados por la posible injerencia del Órgano Ejecutivo en la Asamblea fue el del contralor general de la República, Federico Humbert.
Previo a esta escogencia, el presidente de la República reconoció haber conversado con nueve diputados del PRD, aunque negó que fuera sobre el tema de la elección en la Asamblea.
Por otro lado, la diputada Zulay Rodríguez denunció la intervención del Ejecutivo en el proceso e investigación realizado por el diputado fiscal Pedro Miguel González en el juicio y condena al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.
En este caso, no se investigó a profundidad sus declaraciones.
A finales del año pasado, el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, presentó una lista de los 10 recomendados para asumir el cargo de magistrado de la Corte Suprema, de los cuales cuatro tenían estrechos nexos con el gobierno del presidente Varela.
