La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, en manos del varelismo, decepcionó al incumplir su compromiso de impulsar la discusión de un proyecto que busca endurecer más el combate al tabaquismo en Panamá.
El presidente de esta comisión es el diputado panameñista, Gabriel "Panky" Soto, quien, aunque se comprometió a discutir el proyecto de ley 136, que reforma de manera importante la ley antitabaco, no cumplió con la promesa.
La presidenta de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo (Copacet), Nélyda Gligo, denunció en Panamá América que, de manera sospechosa, el diputado se valió de argucias para dilatar la presentación del proyecto.
"Él [Gabriel Soto] nos engañó, nos mantuvo varios martes viniendo a la Asamblea Nacional, prometiendo que discutirían el proyecto, pero nunca lo hicieron", afirmó la Dra. Gligo.
La activista reveló que el parlamentario Gabriel Soto incluso llegó a excusarse, al afirmar que, supuestamente, había mucha presión a lo interno de la Comisión de Salud.
"Él dice que allí hay muchos caciques. Como diciendo que tenía que obedecer al cacique mayor", denunció la presidenta de Copacet.
Nélyda Gligo también cuestionó la decisión de haber colocado a Soto a presidir esta comisión, en la que no demostró interés ni capacidad para solidarizarse con la guerra que libran en Panamá varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en contra del consumo de cigarrillos y sus derivados.
"Gabriel Soto es la primera vez que ejerce como diputado. Él es economista, y no sé por qué le dieron ese cargo... ¿un economista al frente de una Comisión de Salud? Eso no se entiende". comentó Gligo.
Propuesta
La iniciativa que logró evadir el diputado Soto (copartidario y allegado al mandatario Juan Carlos Varela), es el proyecto de ley 136.
Se trata de una propuesta ambiciosa que busca reformar la Ley N.° 13 de 24 de enero de 2008, que adopta medidas para proteger la salud de la población panameña del efecto nocivo y de los perjuicios que tiene el tabaco para la salud, en virtud de la Constitución Política.
Entre las nuevas obligaciones, destaca la exigencia de una licencia a los comercios que venden cigarrillos.
También establece más vigilancia para la venta al menudeo, nuevas multas y nuevas maneras para distribuir estos ingresos entre entidades y organizaciones particulares que colaboran en la guerra contra el cigarrillo.
De igual forma, la iniciativa también plantea que se exija que los empaques tengan una presentación más austera, y que advierta al consumidor de los daños que produce a largo plazo el producto.
Además, quedaría también prohibido el uso de cualquier diseño o color que resulte llamativo a la vista del potencial consumidor, especialmente los más jóvenes.
¿Qué evitó que la iniciativa se presentara en la Comisión de Salud para su posterior discusión en el pleno de la Asamblea?
¿Por qué los activistas contra el cigarrillo llevan 2 años esperando que el gobierno de Varela reaccione y tome medidas contundentes al respecto?
La Dra. Nélyda Gligo tiene una respuesta: "Me parece que las tabacaleras andan por allí sobornando a la gente. Ellos tienen mucho poder y dinero", advirtió la presidenta de Copacet.
¿Presiones?
La posibilidad de que las tabacaleras que operan en Panamá estén presionando o sobornando a políticos para que estas nuevas medidas no se discutan fue incluso corroborado por el propio titular del Ministerio de Salud (Minsa), Miguel Mayo.
"Las empresas harán su lobby respectivo", admitió el ministro Mayo, declaración que dio el pasado 2 de noviembre, en medio de los actos oficiales del día de los difuntos.
"Pero nosotros estamos con la salud de los 4 millones de habitantes. Y no hay empresa ni poder económico que vaya a torcernos el brazo para mejorar la salud de los panameños", puntualizó.
No obstante, resulta contradictorio que el proyecto de ley 136, que fue elaborado y presentado no solo por Copacet, sino también por el Minsa, no logra que el Gobierno central y la Asamblea lo lleven a discusión.
Igual de contradictorio es el hecho de que, por un lado, el Minsa adelanta una campaña que señala al tabaco como uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades crónicas que sufren los panameños, pero por otro lado, el Gobierno central no apoya ni acelera medidas para combatirlo.
El ministro Miguel Mayo salva la responsabilidad del Minsa y lanza la pelota a la Asamblea.
"Depende del poder legislativo, no de nosotros. Ellos son un poder independiente, y eso lo respetamos. Pero sí le solicitamos a la Asamblea y a los diputados que tengan esta ley como prioridad. Porque de ella depende la salud de los panameños", afirmó el ministro.
Por lo pronto, la vigente Ley N.°13 de 2008 (conocida como Ley antitabaco) y que en su momento fue objeto de orgullo de Panamá ante el mundo, cada vez se relaja más y se respeta menos.
El comunicador y activista contra el tabaco, Juan Carlos Tapia, advirtió que la norma vigente tiene vacíos "como fumar en lugares abiertos", que han sido aprovechados por comerciantes.
"Hay una propuesta en la Asamblea para prohibirlo y no hacen nada", posteó Tapia recientemente en su cuenta de Twitter.
Mortalidad
Por su parte, la directora de Planificación del Minsa y Punto Focal del Control del Tabaco para Panamá, Reina Roa, confirmó que la mortalidad proporcional asociada al tabaco en nuestro país se mantiene en 13%.
En otras palabras, unas 1,900 personas mueren al año debido a enfermedades asociadas al consumo de tabaco.
"A este Gobierno, parece que no le interesa la salud del pueblo; de ese pueblo que le dio los votos para llegar al poder".
