Según el exprocurador de la nación Rogelio Cruz, la Ley 59 de 1999 dispone que quien establece el delito de enriquecimiento ilícito es la Contraloría General de la República.
Explicó que una vez que esta lo haya determinado, entonces la auditoría o investigación pasa al Ministerio Público para que proceda penalmente.
Recordó el caso en el que la entonces procuradora Ana Matilde Gómez presentó denuncia por el mismo delito, por $50,000, contra Dalvis Sánchez, siguiendo lo establecido en la ley. Agregó que ya hay un precedente, en el que hace unos años, la firma Morgan y Morgan puso una denuncia contra el juez marítimo Calixto Malcon; en ese tiempo, el procurador era José Antonio Sossa, quien inició investigación sin tener en cuenta esta norma, lo que resultó en que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara el proceso.
A su juicio, esto puede llevar a que el caso que se lleva al magistrado Alejandro Moncada Luna pueda decretarse nulo, debido a que se ha violado el debido proceso.
Cruz consideró innecesaria la persecución policial desplegada en el caso, la cual no da la imagen de una justicia escrupulosa.
