Protestas y cierres de calles dejan en evidencia desgaste del Gobierno

Luego de ocho meses de la explosión social que hubo en el país por el alza del combustible y el alto costo de la vida, nuevamente empiezan a surgir focos aislados de protestas, que según los expertos, si el Gobierno no da respuesta, podría repetirse un conflicto similar al que se vivió en 2022.

De enero a la fecha se han registrado más de cuarenta protestas en diversos puntos del país, la mayoría de ellas, por el mal estado de las escuelas, falta de agua, carreteras inaccesibles, apagones y el alto costo de la energía eléctrica.

Incluso, en febrero pasado, grupos originarios de la comarca Ngäbe Buglé habían anunciado el cierre de la vía Interamericana, debido a que el Ejecutivo supuestamente incumplió los acuerdos suscritos en julio pasado, en Penonomé, durante la Mesa Única de Diálogo, con organizaciones sociales y populares.

Ya se ha vuelto común escuchar frases como: "Estamos cansados de esta situación", "Hacemos un llamado al gobierno", "Necesitamos respuestas", entre otras, lo que refleja la decepción popular y la crisis de credibilidad del Gobierno ante la falta de respuestas de las autoridades del Ejecutivo.

Falta de credibilidad

Esa impopularidad quedó en evidencia en la última encuesta realizada por la firma Gallup Panamá, en la que el 72% de los consultados desaprobó las labores realizadas por el mandatario Laurentino Cortizo. Solo el 22% aprobó su gestión.

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Incluso, su mancuerna presidencial José Gabriel Carrizo, quien también aspira a reelegir al Partido Revolucionario Democrático (PRD), obtuvo un nivel mayor de desaprobación. De acuerdo con los resultados, el 79% desaprobó la gestión de Carrizo, siete puntos porcentuales por encima del mandatario. Solo un 13% la aprueba.

De hecho, la evaluación que hay sobre el rumbo que lleva el país tampoco es muy alentadora, según la encuesta. El 86% dice que el país lleva un rumbo equivocado frente a un 10% que dice que es el correcto. Las principales preocupaciones familiares siguen siendo el alto costo de la vida, el desempleo y la inseguridad.'

4.2%

será el crecimiento económico de Panamá durante el 2023, según las estimaciones del FMI, BM y Cepal.

9.9%

es la tasa de desocupación en el país, según estimaciones de la Contraloría General de la República.

27,579

millones de dólares es el Presupuesto General del Estado para el 2023.

Nueva explosión social

Para el economista Juan Jované, si el Gobierno no atiende los diversos problemas que afectan al país, podría volverse a repetir una explosión social como la que se vivió en julio pasado.

Esto lo dice porque las autoridades habían dicho que iban a dar soluciones a una serie de peticiones el año pasado, tras la mesa del diálogo, pero no se han dado. "Te doy un ejemplo, el caso de los alimentos, los cuales han seguido subiendo de precio, pese a que se dijo en Penonomé que se iba a buscar una solución para que eso no se diera, algo que en cualquier momento la gente lo va a volver a sentir", dijo.

Por otro lado, explicó que hay un rubro que se llama electricidad, agua y gas, el cual también ha registrado un alza. "La electricidad para el último mes que hubo un informe, que es enero, eso aumentó en un 12%, reflejando que la electricidad le subió a la gente, algo que van a resentir los panameños", consideró.

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No obstante, el economista indicó que a estos problemas se les ha sumado el tema del mal estado de los colegios. "No solo habían colegios que no estaban listos, sino que hay muchachos que, porque no hay infraestructura suficiente, les están diciendo que aunque vivan lejos, tienen que ir a Paitilla", afirmó.

Jované es del concepto de que todas estas situaciones van molestando a la población y en la medida en que estos problemas no se resuelvan, se van a dar protestas.

"Estamos frente a un Gobierno que no resuelve problemas y la gente ha llegado a la conclusión, que la única manera que lo escuchen es saliendo a la calle. Ya la gente no espera y no está en la agenda del Gobierno resolverle sus problemas y salen a protestar", aseguró.

Por su parte, el sociólogo Alonso Ramos recordó que las protestas que se dieron en julio de 2022 fue un momento histórico de quiebre del Estado, que surgió posterior a la Invasión de 1989. "Un Estado cuya arquitectura está orientada y centrada en el corporativismo, es decir, un Estado que garantiza las ganancias, los negocios y que a la vez niega derechos. ", expresó.

Sumado a esto, el experto manifestó que es un Estado que convirtió nichos básicos de derechos elementales consagrados en la Constitución, como la salud, que incluye las medicinas, a una alimentación digna, empleos con salarios justos. "Por eso es que vemos un oligopolio en la salud, en los medicamentos, en el tema de la vivienda, los combustibles, es decir, no en vano, Panamá es el sexto país más desigual del mundo, hay un Estado orientado a garantizar y hacer negocios en detrimento de la calidad de vida", aseveró.