La propuesta de financiar el total de las campañas electorales de 2019 mediante fondos del Estado, por parte del Tribunal Electoral (TE), se antepone a las principales necesidades de los panameños.
Así concluyen algunos sectores al conocerse que existe una propuesta de erradicar el financiamiento privado en el próximo torneo electoral, lo cual implicaría un alto costo para el erario.
Se trata de la modificación que se pretende aprobar en el quinto bloque del paquete de reformas electorales que se discute en segundo debate en la Asamblea Nacional.
Críticos como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) aseguran que "con el fallo de inconstitucionalidad se pretendía frenar la maleantería, pero ahora buscan robarse 500 millones de dólares".
Agrega Frenadeso que "con tantas necesidades y ahora los diputados, en complicidad con magistrados del TE, buscan quedarse con 500 millones para las elecciones".
También el partido en formación FAD cuestionó que con las "innumerables necesidades en servicios de salud, la Asamblea corrupta apoyada por el Tribunal Electoral quiere millones para partidocracia".
Le quitan responsabilidad
Pero las críticas por el control que pretende obtener el TE, no solo sería financiero, sino también por querer disminuirle responsabilidades a la Fiscalía Electoral.
Esto como resultado de que se incorporaron artículos relativos al Sistema Penal Acusatorio en el proceso penal electoral.
Se trata de la creación de la doble instancia aprobada el pasado jueves por la Asamblea Nacional, que adopta disposiciones que cambian las reglas del juego al momento de un juicio.
Tanto magistrados como diputados han llegado a un acuerdo sobre esta nueva regulación, al señalar que existía un limbo jurídico en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la ley electoral.
Esto debido a que la ley electoral se basaba en el libro tercero del Código Judicial, que ya fue derogado, y "se hacía urgente tomar los correctivos, en particular ahora que se creaba la doble instancia".
Para el magistrado del TE, Heriberto Araúz, haber adecuado la jurisdicción penal electoral al Sistema Penal Acusatorio, para efectos de garantizar una doble instancia, permite establecer la figura de los juzgados electorales.
Con ello se asume el conocimiento de nuevas causas electorales, y sus decisiones podrán ser apeladas ante el Tribunal Electoral y perder de vista la necesidad de acudir a la Fiscalía Electoral.
Ahora las funciones de los juzgados se relacionará a la impugnación de los eventos electorales, como el padrón electoral, los resultados electorales y la revocatoria de mandato.
El TE asegura que la doble instancia viene a realizarse desde hace muchas décadas, y exige que las causas o procesos sean revisados en dos instancias.
Según el magistrado Araúz, hay muchas causas que están en el Código Penal que son de competencia exclusiva del pleno del Tribunal Electoral, y con el establecimiento de la segunda instancia se garantiza los derechos de defensa y el debido proceso.
En el cuarto bloque también se abordó la prescripción electoral, en la que se aumentarán los términos para investigar los casos, que en su mayoría contemplan tres años. Los del proceso electoral pasado vencen en mayo de este año.
De estos delitos, algunos aumentan a cuatro o cinco años para que las prácticas ilegales que son delito, puedan ser sancionadas.
En los tres primeros bloques del paquete de reformas llama la atención que recibieron un trámite lento, durante el segundo debate. No así los temas más polémicos que se discutirán desde el próximo lunes, como lo son el clientelismo, el voto adelantado, limitaciones a los servidores públicos en materia electoral, financiamiento público, financiamiento privado, campaña y propaganda electoral, fuero electoral, entre otros.
Tope del financiamiento privado, es el as bajo la manga de diputados
En el primer debate del proyecto de ley 292 que reforma el Código Electoral, hubo una propuesta para aumentar el tope del financiamiento privado que podría redefinir la manera de llevar a cabo las elecciones.
En el paquete de reformas se establece en su Artículo 190-I un tope al financiamiento privado de 50 centavos por cada elector según el Padrón Electoral, sin embargo, diputados panameñistas y aliados al oficialismo establecieron que dicho tope aumente a 5 dólares por cada elector.
La propuesta fue rechazada por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, al ser catalogada como inconsulta, sin embargo, los propios magistrados del TE han señalado que es muy posible que se apruebe.
En el quinto bloque también se ha presentado una propuesta para que la selección de los diputados se haga mediante una lista cerrada y la conformación de circuitos nacionales y provinciales, con el objetivo de acabar con el clientelismo político (...).
