Es el secreto mejor guardado de la clase política panameña, que con solo hablar del tema genera todo tipo de reacciones en contra de quienes revelen información sobre ello. Se trata de la lista de donantes particulares a las diferentes campañas, tanto internas de los partidos políticos como de las elecciones generales.
Incluso, a través de los años se ha tratado de regular el tema, a fin de que haya mayor transparencia, sin embargo, cada vez que la propuesta llega a la Asamblea Nacional, los diputados de gobierno y de oposición prefieren rechazarlo o archivarlo.
Solo en la campaña de las elecciones pasadas (2009) se registró todo un escándalo, debido a que apareció como uno de los donantes de campaña del entonces oficialismo (PRD), David Murcia Guzmán, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por los delitos de "lavado de activos agravado" y "captación masiva y habitual de dineros" a través de su compañía DMG.
Otro de los casos en que se introdujo dinero mal habido en actividad política en Panamá fue en 1994, cuando la campaña del presidente Ernesto Pérez Balladares recibió unos 51 mil dólares de una empresa vinculada al capo del cartel colombiano de Cali, José Castrillón Henao. Incluso cuando Pérez Balladares ya estaba en el poder, tuvo que reconocer esa información y devolver el dinero donado.
Estas dos situaciones son solo algunos de los casos en los cuales se ha podido hacer público el ingreso de dinero de actividades ilícitas a las campañas políticas, por no conocerse a tiempo los donantes.
Actualmente en Panamá los partidos políticos reciben financiamiento público; solo en el último quinquenio el Estado ha desembolsado 33.7 millones de dólares, 13.5 en el periodo preelectoral y 20.2 en la etapa poselectoral. No obstante, no hay una norma que obligue a revelar los nombres de los donantes particulares, mientras que el recién firmado pacto ético lo deja como un asunto de voluntad y compromiso moral de los partidos, a través de medios masivos y medios tecnológicos. El pacto ético, en el quinto punto de la segunda parte del documento que titula “Compromiso de los partidos políticos”, menciona textualmente que parte de esos compromisos es “vigilar la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones de personas naturales o jurídicas en beneficio de los partidos políticos, así como de los candidatos, para evitar el clientelismo, y que las donaciones y gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de los medios impresos, radiales, televisivos e internet, preferiblemente antes de las elecciones y a más tardar sesenta días después de ellas”.
Maribel Jaén, una de las suscriptoras del pacto por parte de la Comisión de Justicia y Paz, asegura que la información debe provenir de los partidos políticos, tal como lo establece el documento. “Es un compromiso, no un código. Hoy en día existen redes virtuales, como la web; tienen mil y una formas para informar el origen del financiamiento”, expresó Jaén.
Sin embargo, el abogado Ernesto Cedeño explica que no queda claro en el documento si la potestad de publicar la información es solamente de cada partido político.
Para Cedeño, una vez los políticos suscribieron el pacto, quedan bajo el escrutinio del público, y considera que este punto debe modificarse o dejarlo claro. “Como debilidad del pacto, no te dice quién es el que va a suministrar la información, y ante quién, para que se publique”, insiste el jurista.
El asunto es motivo de posiciones encontradas, a tal nivel, que el diputado Rogelio Paredes, del PRD, acusa al Gobierno de estar empezando una “campaña sucia y de intimidación” contra quienes apoyan a candidatos de oposición. Paredes hace este planteamiento luego de que Panamá América diera a conocer una lista de políticos y empresarios que apoyaron la campaña interna de Juan Carlos Navarro, mediante la compra de una rifa, en la que cada boleto tenía un costo de 10 mil dólares.
Compromiso
En medio del debate, el abogado Cedeño sostiene que el pacto pide que la información sea pública, y no define cómo debe ser publicada, por tanto, ningún colectivo debería malhumorarse cuando los medios lo hagan público. “Yo creo que lo que hizo Panamá América con respecto a las publicaciones, se ajusta al Pacto Ético Electoral, porque es necesario que se publiquen los donantes, pues los suscriptores así se obligaron, y es una buena medida; ojalá sepamos las donaciones de todos los partidos políticos”.
Sobre esto, el expresidente del Colegio de Abogados Rubén Elías Rodríguez dijo: “No importa quién dé la información, lo importante es que la información sea veraz”. El abogado, quien también hace referencia a la reciente publicación de este diario, considera que una rifa no es precisamente una donación de campaña, sin embargo, en la sociedad civil sí hay un deseo para que haya mayor transparencia.
Independientemente de la firma de un pacto ético, el expresidente del Colegio de Abogados dice que la publicación de los donantes debe ser iniciativa de los partidos políticos. “Esa es una obligación del partido político, porque hay una disposición básica en el Código Electoral de que son órganos de la expresión popular”, manifestó Rodríguez.
El documento firmado el pasado 6 de marzo por políticos, representantes de los medios de comunicación y de la Iglesia católica, establece que entre los mecanismos de su ejecución están las reuniones ordinarias cada 15 días por parte del Organismo Consultivo Permanente.
De ser necesario también se realizarán reuniones extraordinarias.
