En julio, cuando recién se estrenaba la gestión del gobierno El Pueblo Primero, la piratería se levantó en tono desafiante para socorrer al sistema plagado de quejas por la escasez de unidades en las calles. En los lados norte, este y oeste se agruparon para encarar a las autoridades, tras el reconocimiento de que esta actividad operaba al margen de la ley.
Por esos días un llamado al censo apasiguó los ánimos y los conductores se sometieron al conteo que les garantizaría un salvoconducto para circular sin impedimento. A la vista de la ATTT circulaban galopante, de que en un futuro corto dispondrían de un aval. Mientras tanto, los usuarios seguían viendo el sistema como el más rápido, pero también el más caro e inseguro.
