La construcción de edificios para estacionamientos como alternativa al déficit de espacios que existe en varios sectores de la ciudad es un mercado que empieza a despertar interés, pero el no contar con incentivos que motiven a los inversionistas o promotores a construirlos, lo hace en la actualidad poco rentable.
A esto se suma la cultura del panameño, que por evitar pagar prefiere dejar el carro en la vía pública o acera, escenario que no resulta atractivo a los empresarios para desarrollar ese tipo de infraestructura.
Al no existir incentivos tributarios, a los dueños de terrenos les resulta más conveniente construir otro tipo de proyecto, ya que el costo de financiamiento es un esfuerzo muy grande, comentó Héctor Lezama, director general de Metro Soluciones Urbanas.
La inversión para soluciones de este tipo tiene un promedio de $2,500 por metro cuadrado de construcción de aparcamientos en edificios.
Manuel Trute, director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, consciente de la situación, adelantó que exploran qué tipo de aliciente por parte de la Alcaldía pueden otorgarle al sector privado. En ese caso, por ejemplo, podrían negociar darle un nivel extra en el tamaño del edificio, siempre y cuando se dote a la ciudad de nuevos espacios.
“Los incentivos fiscales se pueden dar de diferentes maneras”, resaltó, como forma de atraer un mercado de promotores a los que sí les sea rentable un proyecto de estacionamientos.
De hecho, Trute mencionó que el centro de la ciudad se caracteriza por abundancia de vacíos urbanos (áreas que no han sido ocupadas), cuyos dueños están especulando para que les paguen más dinero, lo cual tampoco es alentador para este mercado que busca abrirse puertas en el país.
Mientras, la ciudad sigue creciendo y las necesidades de más aparcamientos aumentan a la par de ese desarrollo. Cálculos hechos por Lezama estiman que en la ciudad se requieren de 10 mil estacionamientos.
El exceso de autos en la calle, debido a que es fácil conseguir el financiamiento, aunado a la crisis en el transporte colectivo siguen incidiendo en la problemática.
Tampoco la norma de desarrollo urbano (Resolución N.°169-2004 de 8 de octubre de 2004), en la que para el caso de estacionamientos para comercios establece uno por cada 60 metros cuadrados, se ha ajusta al desarrollo de Panamá versus la cantidad del parque vehicular.
Es este otro aspecto el que Lezama cree debe adecuarse. “La reglamentación debe ajustarse al nuevo Panamá, que tiene más de un millón de vehículos”, subrayó.
En la actualidad, no solo los conductores, sino hasta los bancos y las empresas demandan de estos sitios donde puedan comprar o alquilar espacios porque se quedaron sin estos.
A juicio del alcalde capitalino, José Blandón Figueroa, la solución radica en tomar decisiones y le corresponde a la Asamblea Nacional establecer los incentivos necesarios para que la inversión privada sea la que construya esos aparcaderos.
De hecho, en la Asamblea se presentó el proyecto de ley 63, que regula la construcción y administración de infraestructuras de estacionamientos públicos.
La iniciativa propuesta por el diputado Iván Picota, y que no ha sido debatida, en uno de sus artículos dispone la exoneración al 100% de impuestos como el de inmueble, el de la renta, municipales, ITBMS, aun hasta de importación para materiales y maquinaria.
Incluso, las entidades financieras de la concesionaria estarían exentas del impuesto sobre la renta, sobre los intereses que cobren por los préstamos que otorguen para el financiamiento de las obras, antes y durante la construcción de estas.
Innovación
Con la remodelación del Casco Antiguo, en San Felipe, se habilitó un edificio de cuatro pisos de estacionamientos, el único hasta el momento existente en la ciudad; sin embargo, esto no ha resuelto la situación en ese sector, que está entre los puntos críticos donde no hay parkings suficientes a todas horas del día.
Ante ese déficit, hasta instituciones de Salud tomaron sus propias iniciativas. El Instituto Oncológico Nacional (ION) instaló internamente rampas mecánicas de estacionamientos, en los que se recogen los carros en el primer piso, los elevan y organizan en la parte superior.
Una medida necesaria, ya que el área de Ancón es otro punto medular que demanda aparcaderos.
En el ION se informó que les ha resultado positiva esta herramienta, porque han ganado por cada estacionamiento que tenían uno más, lo que se pensó para el beneficio de los pacientes y funcionarios del hospital.
Según Lezama, conocedor de esta herramienta que no es la solución, pero sí una respuesta en los sitios en los que ya no hay dónde estacionarse, se requiere de una inversión de $200 mil, aproximadamente.
Estos edificios mecánicos cuentan con capacidad para albergar a unos 16 vehículos y en Estados Unidos, Uruguay, Chile y Colombia se han implementado.
En medio de la temática y luego de su veto parcial, se mantiene en el tapete la discusión del proyecto de ley 10, que dispone la gratuidad en el uso de estacionamientos para consumidores y clientes de diversos comercios.
El documento fue vetado porque, entre otros puntos, no impulsaba, en el campo específico de los locales comerciales, la construcción de más estacionamientos por metro cuadrado de construcción que los exigidos en la normativa de desarrollo urbano.
José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), considera que se debe aprovechar la oportunidad de realizar nuevamente el debate de este proyecto para empezar desde cero, “atendiendo integralmente los verdaderos problemas”, enfatizó.
El grave problema de movilidad urbana sumado a las carencias en el sistema de transporte público son asuntos en los que, para Ford, se debe invertir el tiempo en atenderlos con todas las autoridades involucradas a la mesa.
Más allá del problema actual de falta de aparcaderos, se añade el cobro ilegal que se hace en sitios donde los locales tienen sus propios estacionamientos.
Tal es el caso de Calle Uruguay, donde, en algunos sitios que, contando con espacios para la clientela, se está cobrando entre $3 a $5 por espacio. Cobro que efectúan los denominados “bien cuidaos”.
