Los llamados "transportes alternativos" o "buses piratas" funcionan en esta administración bajo protección, al estar controlados por personas "muy enroscadas en el Gobierno", con contactos en los ministerios y en la Asamblea Nacional.
Así lo denunció el exdirector del Tránsito Carlos Harris, quien insistió en que la propia Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no realiza ninguna gestión para controlar este fenómeno creciente.
"El Tránsito le tiene miedo a la mafia del transporte", lamentó Harris, alegando que es penoso ver que "la entidad llamada a poner control" está inmersa en intereses políticos, más que en velar por el bienestar y la seguridad de los usuarios.
Por ejemplo, el diputado y dirigente transportista Diógenes Vergara ha manifestado en el hemiciclo parlamentario, y ante los medios, que el transporte pirata - pese a lo ilegal- "es un servicio necesario".
Un secreto a voces es que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre se maneja desde la Asamblea, con fuerte injerencia del diputado de Veraguas Carlos Santana, quien habría recomendado al presidente Varela a su ahijado (Julio González) para ser el actual director de la entidad.
Harris reconoció que históricamente ha habido cierta intención del poder político para entrar en el Tránsito, pero la injerencia de Santana, un experimentado transportista, le da un matiz nuevo a la corrupción institucional.
"En esta ocasión hay algo nuevo, y es que un diputado [Carlos Santana] por prestarle un servicio de transporte al presidente cuando era candidato, ahora se le da una institución como esta", denunció.
Según Harris, ha sido un grave error dar el Tránsito (que es la institución reguladora del transporte) justamente a los regulados, en alusión a Santana y a otros veteranos dirigentes del transporte que ejercen influencia en la actual administración del Tránsito.
"De allí parte todo el problema de la piratería, porque sin autoridad, los regulados van a hacer, como en efecto están haciendo, lo que les da la gana", advirtió Harris.
Con esta posición coincide el también exdirector del Tránsito Roberto Moreno, quien sostiene que es incorrecto tratar de arropar a este servicio con el eufemismo de "transporte alternativo".
"Son piratas, no otra cosa, porque de alternativos no tienen nada", alega.
El exdirector Moreno también afirma que luego de dos años de gestión, no ve en la actual ATTT "ninguna intención de erradicar el transporte pirata".
Y agrega que "lastimosamente no se ha visto ningún tipo de mejora ni siquiera el tráfico. No veo una coordinación entre la Dirección de Operaciones del Tránsito y la ATTT, algo que en los gobiernos anteriores sí se notaba, y que ahora muestra graves problemas de coordinación".
Moreno insistió en que una eventual salida de los transportes piratas pasa necesariamente por una real voluntad política del Gobierno para enfrentar este caos, que ya raya con la anarquía.
"Mientras no exista voluntad política todo va a seguir. Pero este gobierno ha optado por no pelear contra los piratas. Y apenas le aprietan un poquito, hacen huelga", concluyó.
En lo que sí ha estado interesado el Gobierno es en concederles a los buses piratas una especie de aval para funcionar.
En agosto de 2014 se organizó un censo que arrojó 840 buses en el área metropolitana, y se prometió que serían los únicos autorizados para funcionar.
"Hoy es una burla que las autoridades sigan haciendo referencia a esa cifra cuando todos sabemos que en las calles ya son el triple de la cantidad que se había autorizado", detalla Víctor Martínez, abogado de los usuarios del transporte público.
A juicio de Martínez, no menos de 2,400 buses piratas operan en Panamá centro, San Miguelito y Panamá Oeste, "sin ningún control".
El jurista explicó a Panamá América que los usuarios "se ven obligados a usarlos", pero la autoridad que debería regular el servicio no lo hace.
"No hay control de pasajes, no hay control de conductores ni tampoco hay control de medidas de seguridad, lo que atenta no solo con los derechos de los usuarios, sino con su propia vida", sostiene el representante de los usuarios.
El Gobierno le ha dado poder al transporte ilegal, según Martínez
Lo cierto es que una vez que se abrió el umbral para la "legalización" de este servicio, el verdadero control ha pasado a las prestatarias, que a inicio de este gobierno eran cuatro, y ya son nueve.
Martínez explicó que todo se inicia con la compra de una carta, "que le llaman paraguas, y que es la bendición para funcionar".
Esta autorización tiene un costo de entre $3,000 y $5,000, pagados directamente a la prestataria elegida.
Esto en adición al pago diario del zarpe, o derecho de circulación, cuyo monto varía en cada ruta.
"Allí está el negocio, y a las prestatarias les conviene mantener afiliados a estos busitos, sin regularlos, pero sí cobrándoles", explicó Víctor Martínez.
Y como ejemplo citó el accidente en el que murieron 2 pasajeros en Loma Cová, por manejo desordenado de un bus pirata "legal", afiliado a la Sociedad de Propietarios de Transporte de La Chorrera (Sicamoch).
"¿Dónde está la Autoridad del Tránsito allí? Para las víctimas, este silencio del Gobierno es injusto e ilegal", concluyó Víctor Martínez.
La ‘mafia’ de los busitos piratas amplía su soporte de ilegalidad
La manera actual en que operan los buses alternativos, o piratas, ha sido calificada como una ‘mafia’ por el exdirector del Tránsito Carlos Harris.
Y es que su organización ya no se limita a “comprar” el derecho a operar, desafiando restricciones vigentes en la ley, sino también a validar la supuesta legalidad con el apoyo de políticos, y hasta a evadir responsabilidades penales por accidentes, gracias a conexiones con los sistemas de justicia.
Un ejemplo reciente que evidencia los tentáculos de ilegalidad en los que ha venido incurriendo la mafia de los buses piratas lo constituye un decomiso de placas falsas en Panamá Oeste.
Las matrículas con toda la apariencia de las placas válidas fueron descubiertas en manos de conductores piratas, quienes reconocieron que iban a ser ubicadas en buses alternativos de diversas rutas del área metropolitana.
ATTT, sin autoridad
Por primera vez la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha sido ofrecida como un ‘pago’ de favores políticos.
Manipulación en la ATTT: “A ese muchacho, Julio González, -con mucho respeto- lo digo, esa Autoridad del Tránsito le queda muy grande”, afirma el abogado Víctor Martínez, quien insiste en que detrás de González hay personas haciendo negocio.
Desconexión con la realidad: El director del Tránsito, Julio González, insiste en decir que solo los buses censados pueden prestar el servicio, en contraposición con el panorama real. Además, bajo su administración se le ha dado el aval a la piratería.
Repudio general de la población a los buses piratas.
@Trafico_pty: En Pmá. Oeste detienen a conductor con placas falsificadas, iban a ser usadas para busitos piratas.
@yoicordoba: Lo último que faltaba. Los buses piratas cierran calles porque los están multando. Deberían agradecer que los dejan circular. ¡Asesinos!
@EJhangimal: Esos busitos piratas son lo mismo que los "diablos rojos", pero de blanco...
@ChristianJovano: No sé cuándo será el día que el Sr. @JC_Varela les ponga un alto a todos los busitos piratas. Dios mío, esa gente son el diablo al volante.
@AJICHOMBO2014: Para ministro Álvaro Alemán, no hay comida cara; la ATTT hace un buen trabajo; no hay buses piratas; hay total transparencia en el Gobierno. ¿Qué?
@Dionys11: La historia de matadera con los “diablos rojos” se está repitiendo con estos busitos piratas!!
@RaulAndrade507: ¿Cuántos panameños deberán accidentarse o morir en buses piratas para que el Gobierno dé mejores alternativas? ¿Cuándo solucionarán?
