La Iglesia católica se unió a las voces de panameños que reclaman un alto a la persecución de enemigos políticos del Gobierno, y pidió recuperar la ética en las instituciones.
Ayer, durante la Cita Eucarística número 46, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, envió un mensaje alto y claro de que "no se trata de perseguir y encarcelar, sino de recuperar la ética y la moralidad que nos lleven a entender que todo acto tiene su consecuencia".
En el evento anual llevado a cabo en la arena Roberto Durán, el arzobispo pidió más credibilidad en las investigaciones que siguen los estamentos de justicia y así "conocer la verdad total, sin parcializar los hechos y respetando el debido proceso".
Ulloa se abocó por la necesidad de construir la paz y redefinir lo que todos "deseamos como personas y como país".
La autoridad eclesiástica afirmó que "todos los panameños deben construir un proyecto de Estado", ello, ante la necesidad de someter al país a un proceso constitucional.
"En Panamá necesitamos proyectos de Estado, no de gobierno", planteó.
También sobre producir "el fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia y la justicia, para que sean efectivas, beneficien a la persona y el bien común".
Esto, al coincidir con algunos expertos que señalaron no haber encontrado méritos para mantener detenidos a varios exfuncionarios.
Se trata de al menos 20 detenidos políticos que enfrentan procesos amañados y en algunos casos sin sustento jurídico.
Este sería el caso de el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, en el que expertos han señalado que se trata de un pase de factura, por oponerse a una alianza con el Partido Panameñista en el 2014.
Sobre este caso, la hermana del exministro afirmó que "todo -el proceso judicial- está manipulado, y ya es hora de que esto pare; hay otros escándalos internacionales con empresarios y no pasa nada, esto es una persecución política".
Este sería uno de los cien casos en los que el Ministerio Público (MP) ha aplicado una justicia selectiva, en contra de funcionarios del gobierno anterior.
Ante esto, el Movimiento SOS Panamá ha expresado que presos políticos como Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, se ha mantenido detenido, pese a que la ley prohíbe su detención por su situación de salud.
Y es que el juez primero de circuito penal, Rolando Quesada Vallespi, negó un cambio de medida cautelar a detención provisional. Aun, pese a que se autorizó la hospitalización de Cucalón en el Hospital Punta Pacífica, hasta que el Instituto de Medicina Legal emitiera un dictamen "concluyente".
Mientras, otros investigados como el empresario Cristóbal Salerno, a quien se le denunció por entrega de dinero, se le dio una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
Además del favoritismo judicial, estaría la queja por extralimitación de los términos, y en la que exfuncionarios como el excandidato a diputado Porfirio "Bolita" Ellis se le ordenó detención preventiva cuatro meses después de que a la fiscal Zuleyka Moore se le venciera el plazo de investigación, lo que evidencia la utilización del Ministerio Público para perseguir.
Iglesia, preocupada por etapa difícil que se experimenta con escándalos
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un alto para referirse también a los escándalos que han sacudido al país, en los que están involucrados allegados al Gobierno, como el caso de los Papeles de Panamá, y sostuvo que ahora con esto Panamá experimenta una etapa difícil.
Ulloa recordó que a lo largo de la historia se han vivido grandes momentos, y “hay tantas cosas buenas en este pequeño y gran país”.
No obstante, gremios de empresarios y críticos del Gobierno han pedido que se proceda conforme exige la ley y los estamentos de justicia internacionales para salir de esta crisis.
Anteriormente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), comunicó que estaría en espera de “que el sistema judicial panameño se eleve a la altura de las circunstancias y emprenda las pesquisas necesarias con prontitud y con estricto apego al debido proceso y respetando el principio de la presunción de inocencia” y una transformación “genuina” en el sistema de justicia.
