La Ley 39 de 11 de junio de 2013, que reconoce las prestaciones laborales para los servidores públicos, establece en el artículo 3 la posibilidad de que los funcionarios demanden los despidos injustificados.
Sin embargo, Alfredo Berrocal, dirigente de Fenasep, denunció que en esta ley se estableció que es competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resolver estas demandas, por lo cual se requiere de la representación de un abogado.
Según Berrocal, estos servicios de representación en materia laboral en la actualidad se promedian en 5,000 dólares, una cifra casi imposible para un funcionario promedio que desee librar una batalla legal contra alguna institución que le haya despedido de forma injustificada.
Otro inconveniente para la defensa los funcionarios es que, a pesar de que el mismo artículo establece un término de tres meses calendario para que el Tribunal emita un fallo, el proceso puede tener demoras.
Incluso, en los artículos que le siguen se establece que si la suma no es pagada, el servidor tiene derecho a la solicitarla a la Corte Suprema, nuevamente mediante la representación de un abogado.
Esto, tomando en cuenta que en la actualidad, según la Contraloría General de la República, el salario promedio mensual de los servidores públicos es de 959.12 dólares.
“Por supuesto, ningún trabajador va a tener capacidad para pagar 5,000 dólares y, por supuesto, la Federación tampoco”, dijo Berrocal, porque la organización dejó percibir por tres años los recursos a los cuales tenían derechos para los propósitos de la defensa a los trabajadores.
