Un total de 6,580 funcionarios y voluntarios ejecutan programa Panamá Solidario

Un total de 6,580 funcionarios y voluntarios son los encargados de ejecutar el Plan Panamá Solidario.

Diariamente, 1,209 personas son las encargadas de producir las bolsas de alimentos, mientras que 5,300 recorren los diferentes puntos del país para entregarlas a familias afectadas por las pandemia de la COVID-19.

Los gastos operativos rondan los 2 millones de dólares, según información de la Presidencia de la República.

En los 6 meses que van desde que se declaró la pandemia, 1.6 millones de panameños han sido beneficiados con la entrega de ayudas directas. 

Para adquirir estos alimentos, el Gobierno Nacional ha comprometido la suma de 89 millones de dólares, de los cuales 53.7 millones de dólaresse han destinado a alimentos secos; 27.7 millones de dólares para proteínas; 5.6 millones de dólares para frutas y vegetales; y 2 millones de dólares para gastos operativos.

Todas estas compras son realizadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Mercadeo Agropecuario, enfatizando en la compra a productores nacionales.

Las bolsas de alimentos son preparadas en el Centro de Convenciones Atlapa y en el centro de acopio ubicado en la oficina regional del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de la provincia de Chiriquí, desde donde las distribuye un equipo de trabajo de servidores públicos, voluntarios y personal de las juntas comunales.

Las entregas de bolsas se realizan cada 15 días, mientras que los bonos físicos y el Vale Digital, cada mes, al igual que las megabolsas que se distribuyen en las comarcas.

Los equipos responsables del Plan Panamá Solidario están integrados por un coordinador, un subcoordinador, los equipos del MIDES, MEDUCA, MIVIOT, MOP, MIDA, la Fuerza Pública, la Gobernación, la Junta Técnica y, como auxiliares, las alcaldías, juntas comunales, organizaciones no gubernamentales y voluntarios.

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Este equipo ejecuta en el campo, y de manera amplia, las operaciones del Plan Panamá Solidario, las cuales son fiscalizadas por la Contraloría General de la República y la veeduría de la Comisión de Justicia y Paz.