Dicen que el tiempo lo cura todo; sin embargo, han pasado más de 40 años, y las heridas que se produjo en los familiares de las víctimas de la dictadura militar, todavía no han cicatrizado y la sed de justicia y verdad siguen a flor de piel.
Hoy 9 de junio, cuando se conmemora el Día de los Desaparecidos Durante la Dictadura Militar, quienes han sufrido la pérdida de un pariente durante esta época experimentan un sentimiento de impotencia, porque les recuerda que en esas desapariciones forzosas persiste la impunidad.
Así lo reconoce Maritza Maestre, quien dirige el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa-HG) y quien representa a los familiares de las víctimas de la dictadura militar en la mesa de entendimiento, que se instaló entre el Gobierno Nacional y el Comité.
Maestre reclamó el hecho de que han pasado exactamente tres años desde que se instaló la mesa de entendimiento y aún no se ven los resultados; es decepcionante que no se hayan podido reconocer los restos que se mantienen en el laboratorio de ADN del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde hace más de 10 años.
“Las aspiraciones de justicia por parte de los familiares de las 116 personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar aún no se concretan y es algo que llena de impotencia y decepción”, dijo.
Retrasos
Sobre este punto, Vladimir Franco, representante de asuntos legales de la Cancillería panameña e integrante de la mesa de entendimiento, explicó que es el Ministerio Público el que tramita este proceso, administrará los fondos y estará a cargo; pero como se trata de una contratación inédita para esta entidad, los pasos se han tenido que desarrollar muy detenidamente con la supervisión de los técnicos de la Contraloría, explicó.
Por su parte, la procuradora Ana Belfon reconoció que el proceso ha tenido retrasos por problemas técnicos y, sobre todo, el económico, toda vez que el contrato por el que se pactan los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -que fue el elegido para realizar la identificación de los restos óseos de víctimas de la dictadura militar-, aún no ha sido refrendado.
“He intervenido personalmente para lograr que el trabajo de los especialistas se inicie lo más pronto posible”, destacó.
Se pudo conocer que dicho contrato fue enviado a la Contraloría General de la República hace más de tres meses y el mismo no ha sido refrendado, lo que impide que empiecen los trabajos.
El presupuesto para estos trabajos es de $135 mil dólares y comprende el pago a los especialistas y la compra de insumos que permitan rescatar muestras de ADN insertas en los restos óseos.
Lo que sí adelantó Belfon es que ya se designó al fiscal tercero superior, Sofanor Espinoza, para iniciar las investigaciones conforme como se vayan efectuando las identificaciones de las víctimas. Estos restos fueron encontrados por la Comisión de la Verdad en los cuarteles de Los Pumas en Tocumen, en la isla de Coiba y en una fosa clandestina de Mariato, provincia de Veraguas.
Mesa se reactiva
Una fuente allegada a este proceso adelantó que existe una fecha tentativa por parte de las autoridades para reactivar las reuniones de la mesa de entendimiento, fecha que fue fijada para el próximo jueves 13 de junio.
En esa reunión se quiere informar al Cofadepa-HG sobre cómo se ejecutará el contrato con los especialistas argentinos, luego de que se refrende; cómo se pretende realizar y cuándo se tiene previsto comenzar los trabajos de identificación.Ante esta posibilidad, el padre Conrado Sanjur, también miembro del Cofadepa-HG, indicó que se insistirá en el tema de la identificación de los restos encontrados en fosas comunes a nivel nacional, pero que si ese punto no se puede lograr, se le exigirá al Gobierno Nacional que se cumplan los demás puntos, específicamente en que se establezca por ley el día de los desaparecidos por la dictadura militar.
Pendientes
Conrado recordó que el tema de la identificación de los restos no es el único pendiente, porque en la mesa de entendimiento se establecieron otros puntos.
El padre explicó que en esa mesa se estableció una hoja de ruta que giraba en torno a tres componentes: el moral, el judicial y el económico, pero ningún punto se ha concretado.
De acuerdo con el dirigente, en lo moral solo se ha cumplido uno de los cuatro puntos exigidos. El punto del perdón público por parte del Estado hacia los familiares de las víctimas por la dictadura militar es el único que se ha ejecutado. “Ese perdón fue hecho durante este gobierno del presidente Ricardo Martinelli”, sentenció.
Entre los puntos incumplidos, agregó Sanjur, está precisamente el de oficializar el 9 de junio como el día del desaparecido por la dictadura militar mediante una ley, pero el documento permanece engavetado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados. Detalló que el 9 de junio se promovió porque fue el día en el que se declaró la desaparición forzosa del padre Héctor Gallego, por eso se propuso la fecha en reconocimiento a este sacerdote colombiano, quien fue detenido por protestar en favor de los humildes campesinos de la comunidad de Santa Fe en Veraguas y nunca más se supo de él.
Entre las exigencias del eje moral se acordó el incluir en los libros de texto de historia de Panamá, lo que ocurrió durante la dictadura militar, hacer un museo o un parque, y colocar el nombre de las víctimas en calles principales del país son otras de la peticiones incumplidas.
Justicia
De todos los acuerdos, el más sensitivo, aseguró el padre, es en este en el que ha existido un gran descontento. “El hecho de que no se hayan podido reconocer los restos hace que los procesos se mantengan paralizados o hayan prescrito; en los 116 casos certificados por la Comisión de la Verdad, solo se han logrado once condenas ante los tribunales de justicia y dentro de estas se ha indultado a cuatro personas”, detalló.
En cuanto al tema del resarcimiento económico, el panorama sigue en lista de espera, pues se exigió una indemnización de $69 millones de dólares para unas 114 familias, pues las otras dos restantes, que son sobre el caso de Heliodoro Portugal y Rita Wald, sus familiares lograron indemnizaciones por parte del Estado, luego de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fallara a favor de los querellantes en estos procesos.
Sanjur habla de falta de voluntad política por parte de las autoridades, mientras que Franco considera que una vez se concrete el trabajo de los antropólogos se verán los resultados poco a poco.
