El presidente Juan Carlos Varela vetó el proyecto de ley N.° 18, que había sido discutido y aprobado en Asamblea, y que tenía el propósito de "crear viviendas decentes" para los educadores que laboran en áreas de difícil acceso.
El impacto social que implicaba esta iniciativa se ubicó por encima de las diferencias políticas y partidarias en el hemiciclo parlamentario, logrando su aprobación de manera unánime.
Por lo que el rechazo del presidente Varela ha causado sorpresa e indignación entre políticos y voceros de gremios magisteriales.
"Nos sorprende la manera intempestiva con la que se ha vetado de la noche a la mañana este proyecto", expresó Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).
" Con esto, el presidente Varela ha demostrado una gran falta de sensibilidad humana", agregó Sánchez, recordando el sacrificio que implica ser educador en sectores categorizados como áreas de difícil acceso.
"Allá incluso muchos compañeros han fallecido... no entendemos cómo el presidente ha vetado este proyecto que buscaba garantizarles una vivienda con condiciones mínimas para estar cerca del centro escolar. No es una vivienda de lujo como se pretende hacer ver", sentenció Sánchez.
Decisión unilateral
Luego de una reunión con la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, el dirigente Diógenes Sánchez reveló que la propia titular del Ministerio de Educación también se había mostrado sorprendida por el veto.
"Yo no entiendo cómo un presidente veta un proyecto de ley sin siquiera consultarle al ministro del ramo. El presidente tomó una decisión errática; me parece que no está bien asesorado... bueno, ya sabemos que él escoge muy malos asesores", concluyó Sánchez.
Por su parte Luis López, del Frente Nacional de Educadores Independientes, explicó que en el gremio "nos llenamos de molestia" al enterarse del veto al proyecto 18.
"Sinceramente, esta es una deuda de hace mucho tiempo con los educadores que viven y laboran en áreas de difícil acceso".
"No es posible que un educador abandone a su familia para sufrir incomodidades, y que ni si quiera tenga un techo para vivir", lamentó López.
El dirigente explicó que en la plataforma del Meduca no existe obligación para proveer viviendas a estos maestros y maestras, por lo que cada cual tiene que negociar alquileres por una pieza donde vivir, cuando debería ser un servicio gratuito a cargo del Gobierno.
"No es justo que los profesores saquen de su escuálido salario para pagar alquileres de 80 o 100 mensuales", denunció el profesor Luis López.
Penurias
La maestra Gertrudis Villegas, quien labora en una apartada escuela del distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe-Buglé, es una de las tantas docentes que ha tenido que experimentar los riesgos propios de estos dormitorios improvisados.
Luego de la travesía para llegar a la comunidad de Camarón, y cuando finalmente se disponía a descansar en su "habitación", se encontró con un huésped de espanto cerca a su cama: una serpiente coral.
Sus gritos alertaron a los maestros compañeros que llegaban, y fue auxiliada por uno de ellos que mató a la serpiente venenosa.
La maestra Keisla García, también contó a Panamá América las penurias de sus sueños entrecortados cuando laboraba en la escuela de Cerro Escobal, y debía pernoctar en dormitorios de madera frecuentados por alacranes.
"Era desagradable el ruido en la madera en las noche y peor era alumbrar y ver a los alacranes cerca... me la pasaba rociando insecticida kangaroo", relató la maestra Keisla García.
Pero además de alimañas, otros docentes han sufrido robos y abusos por la poca seguridad de estas viviendas.
Sin seguridad
Por eso, en su exposición de motivos, el proyecto de ley 18 sustentaba que estos sitios no reúnen los requisitos mínimos de seguridad e higiene.
Y agregaba: "Otros docentes tienen que lidiar con el riesgo de ser ultrajados, o ser picados por alacranes o serpientes, o se enferman por la mala calidad del agua. Estos hechos demuestran los riesgos que atraviesan los educadores cuando se desplazan a lugares muy lejanos e inhóspitos a impartir conocimientos".
Abel Batista Núñez, vocero de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), explicó que en áreas de montaña del norte de Veraguas, los docentes más afortunados cuentan con el respaldo de padres de familia que les ayudan a construir dormitorios.
"Pero conozco de otros casos de maestros que tuvieron que optar por levantar una vivienda con sus propios recursos, para garantizar su seguridad", reveló el dirigente.
"Nos unimos al malestar que ha causado el veto de este proyecto, lo que se convierte en una burla más del Gobierno a los docentes", afirmó.
Para el profesor Abel Batista, constitucionalmente el Ministerio de Educación y el Gobierno central están en la obligación de coordinar acciones para la protección de los maestros, "y eso incluyendo dotarles de una vivienda decente mientras cumplen la labor de educar en áreas apartadas".
Y el profesor Diógenes Sánchez concluyó advirtiendo que, en este tema, los docentes han sido discriminados históricamente, ya que a los policías y médicos en estas áreas, sí se les garantizan viviendas dignas.
A la deriva
60% de las educadoras en áreas de difícil acceso son acosadas por lugareños, dice el Departamento de Bienestar Docente.
470 escuelas apartadas están en espera de mejoras para este año.
¿El pueblo primero?
- El presidente Varela echa para atrás todo lo que es social; él solo defiende los grandes intereses. Eso del ´Pueblo primero' era en campaña electoral... después se le olvidó. Marilyn Vallarino - Diputada de la República.
