¡Reto al presidente (Juan Carlos Varela) a que me acompañe a denunciar la situación irregular que su gobierno ha propiciado con el manejo de la información!.
En estos términos se dirigió ante la opinión pública la noche del 5 de marzo el abogado Luis Carlos Cabeza, defensa del extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino.
El jurista experimentaba en carne propia una de las prácticas ya comunes en la administración de Juan Carlos Varela, en este caso el tráfico de influencia aplicado al suministro de información, siempre y cuando promueva la divulgación de su justicia selectiva.
Mientras Luis Carlos Cabeza, ya entrada la noche, esperaba ser notificado de la medida que aplicaría la fiscal tras una maratónica indagatoria de más de 11 horas a su cliente, un canal de televisión afín al varelismo se anticipaba y difundía en directo la decisión de prisión preventiva.
Voy a tener que estudiar periodismo y no derecho, porque con este Ministerio Público los periodistas obtienen la información primero que los abogados, que somos los que representamos a los imputados, expresó Luis Carlos Cabeza.
Y es que antes de que terminara el prime time, el Gobierno necesitaba comunicar que el exministro del Mides quedaría privado de libertad, por lo que acudió a su traspaso expreso de información filtrada.
En contraste, a menudo los periodistas de otros medios -incluso usando los canales indicados- no logran obtener información pública. Varias solicitudes deben anteceder antes de que se conceda una entrevista a un funcionario de alta jerarquía... ¡y algunas solicitudes siguen engavetadas!
En mi opinión, la directriz trazada es dilatar las solicitudes cuando el Gobierno siente que es información sensible, hasta que uno se canse y desista, dijo a este medio una periodista de La Estrella de Panamá (pidió reserva de nombre), tras insistir por varias semanas con un trámite en el Inac.
En este sentido, Eduardo Quirós, presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), dijo: Hay aspectos que siempre pueden hacerse mejor, como el libre acceso a la información pública, la transparencia en la gestión de gobierno y la posibilidad de que los medios no estemos sometidos a la utilización de la publicidad estatal como herramienta de premio o castigo.
Ataques de Varela
Pero algunas acciones que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Panamá no se cumplen solo por directrices del mandatario.
Hay casos puntuales en los que el propio presidente Juan Carlos Varela se encarga de cumplir la hostilidad hacia el comunicador.
En el umbral de su llegada a la silla presidencial se dio uno de estos casos.
Fue a finales de septiembre de 2014. En aquella ocasión, Varela se enojó e increpó en público al periodista Ricardo Peñalba, de Nacional FM.
El pecado del periodista fue preguntar su opinión sobre las encuestas, que en ese momento no favorecían a Varela.
Y ya como inquilino del Palacio de las Garzas, en agosto de 2014, fue la primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien emuló el trato hostil del mandatario.
El periodista de Telemetro Álvaro Alvarado escribió este tuit: Increíble que @JC_Varela y @licastillo31 permitan y hasta patrocinen actitud del ministro de la Presidencia. ¿No saben el daño que les hace?.
Muchos de estos casos no aparecen en el informe preliminar de Panamá presentado en la reunión de la SIP.
Informe preliminar
El informe preliminar presentado por Panamá, indica que el nuevo gobierno asumió el compromiso para el cumplimiento de disposiciones legales sobre acceso a la información pública y respeto irrestricto a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos.
Agrega el documento que siguen pendientes por parte de las autoridades electorales la investigación y consecuentes sanciones por campañas sucias difundidas durante el proceso electoral del año pasado, denunciadas por la Iglesia católica y la Comisión de Justicia y Paz. También se investiga el incumplimiento del Código Electoral sobre limitaciones a la publicidad gubernamental en los periodos electorales.
Resalta además que el fiscal electoral Eduardo Peñaloza interpuso ante la Procuraduría denuncias contra La Prensa y Mi Diario, por denunciar la ineficiencia de su labor constitucional.
El informe afirma que a partir del 2 de enero, con la instalación de una nueva procuradora general de la nación, se han iniciado investigaciones con respecto a denuncias por corrupción de funcionarios de la administración anterior.
El documento establece que continúa el proceso que se le sigue al exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garuz, por agresión al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, e impedir la labor de los periodistas de TVN.
Indica que ante el Parlatino se presentó un proyecto de ley sobre el derecho al libre acceso a la comunicación y otorga al Estado los mecanismos de control para monitorear los contenidos de los medios de comunicación.
