Sólo un consorcio de empresas brasileñas pretende entrar en la licitación para la construcción de la gigantesca hidroeléctrica de Belo Monte, un polémico proyecto en la selva amazónica que ha soliviantado a grupos ecologistas y de indígenas, informaron hoy fuentes oficiales.
El grupo formado por la minera Vale, Votorantim Energía y las constructoras Andrade Gutiérrez y Neoenergía es el único que hasta hoy ha manifestado interés en participar en la licitación de concesión de la que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo.
Existen varias empresas pequeñas interesadas que aún podrían unirse y, apoyadas por la estatal Eletrobras, presentarse para disputar la licitación marcada para el próximo día 20, dijo hoy en una rueda de prensa el presidente de la Empresa de Estudio Energético, Mauricio Tolmasquim.
"Tenemos esperanza de que haya dos consorcios, pero nadie lo puede garantizar, sólo (se sabrá) en el momento de hacer el depósito de las garantías", afirmó el representante del Gobierno.
La estatal Eletrobras rechazó hoy publicar la lista de empresas inscritas como se había anunciado.
Si no se logra formar un segundo consorcio, el grupo liderado por Andrade Gutiérrez se adjudicará la licitación sin competencia y ofreciendo el precio máximo estipulado por el Gobierno, de 83 reales por megavatio/hora (unos 46 dólares).
Esa cantidad es la que recibirá el operador por el suministro de energía durante treinta años a partir de 2015, cuando se prevé que la central entre en funcionamiento, en el río Xingú, en el estado amazónico de Pará.
El miércoles, las constructoras Odebrecht y Camargo Correa, las mayores de Brasil, anunciaron que se retiraban de la licitación por "no encontrar condiciones económicas y políticas" suficientemente interesantes en el proyecto.
Según el pliego de licitaciones, el costo de construcción de la central rondará los 10.600 millones de dólares y la empresa ganadora tendrá que desembolsar otros 800 millones de dólares en contrapartidas ambientales.
La potencia máxima instalada ascenderá a 11.233 megavatios, aunque en los meses de estiaje del río Xingú, en la cuenca amazónica, la central podría generar tan solo una décima parte de ese potencial, lo que reduciría los ingresos de la operadora.
De forma paralela, el Ministerio Público Federal de Brasil presentó hoy dos demandas para intentar parar la licitación por diversos fallos registrados en la concesión de la licencia ambiental y por una incompatibilidad con la Constitución.
Según la fiscalía, la central causará un "grave impacto" en la selva amazónica, podrá secar cien kilómetros del río e "intoxicar" el agua, poniendo en peligro la supervivencia de 12.000 familias y de varios pueblos indígenas.
El ente también manifestó que no se puede celebrar la subasta porque no existe una legislación que regule expresamente la construcción de hidroeléctricas en tierras indígenas, un requisito previo consagrado en la Constitución.
Belo Monte también ha sido el centro de críticas de numerosos grupos ecologistas y de los pueblos indígenas de la región, que han llegado a amenazar con atacar a los obreros que trabajen en su construcción.
