La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia procesó hoy por vínculos con grupos paramilitares al senador Fuad Emilio Rapag Matar, del oficialista Partido de la U, informaron fuentes del alto tribunal en Bogotá.
La causa fue formalizada por la Sala de Casación Penal de la CSJ, casi una semana después de que el congresista fuera arrestado en la sede del Legislativo, por orden del mismo Supremo.
Desde entonces, Rapag está recluido en los calabozos de la Fiscalía General, de donde deberá ser trasladado a un centro carcelario, en virtud de la apertura de la causa en su contra.
La Sala Penal explicó en un comunicado que ha decretado "la detención preventiva sin derecho a libertad provisional" del senador, es decir, su ingreso en prisión, sin derecho a fianza.
Rapag, a quien le fue negada de manera adicional la detención domiciliaria, deberá comparecer "como presunto autor responsable del concurso delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley".
La misma fuente explicó que la causa contra este senador partió de "averiguaciones adelantadas a partir de la denuncia anónima suscrita por los 'Amigos del Cambio del Magdalena'".
El Magdalena es el departamento de la costa caribeña colombiana del que Rapag es oriundo y por el que fue elegido para el Senado en los comicios de marzo de 2010, escaño al que llegó en nombre del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U).
La formación política fue creada en 2005 para promover la reelección del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sigue en el poder, con Juan Manuel Santos.
Además del anónimo, Rapag ha sido relacionado con paramilitares por desmovilizados como "Carlos Tijeras", alias de José Gregorio Mangones, en el pasado jefe de un frente del Bloque Norte (BN) de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los nexos de parlamentarios y otros funcionarios estatales con las AUC, que se disolvieron a mediados de 2006, dieron lugar al llamado escándalo de la "parapolítica".
Desde septiembre de 2006, al menos 130 congresistas y exlegisladores han sido investigados o procesados por la CSJ, que ha sentenciado a una treintena de ellos.
La mayoría de implicados pertenecen al Partido de la U, que desde hace cinco años encabeza la coalición mayoritaria en el Congreso.
