La junta directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua emitió hoy una resolución no vinculante en la que rechazó por "inconstitucional" el decreto emitido por el presidente del país, Daniel Ortega, que prorroga en el cargo a autoridades del Estado cuyo mandato expira este año.
"La junta directiva (legislativa) decidió emitir una resolución rechazando, por inconstitucional, el decreto del presidente de la República", dijo a los periodistas el primer secretario de la Asamblea Nacional, el liberal opositor Wilfredo Navarro.
El legislador precisó que ese documento fue aprobado por cuatro de los siete miembros que integran la directiva del Parlamento, que preside el sandinista René Núñez, quien votó contra.
El pasado sábado el presidente Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos, mediante decreto, a 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuatro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos cuyo mandato finalizaba este año, pese a que esa facultad le corresponde al Parlamento.
En la resolución, según Navarro, se acordó llamar la atención a Ortega para "que no continúe irrespetando la Constitución" y se previene "a los funcionarios del Estado o a las personas que asuman cargos (producto de ese decreto) que no han sido nombrados de acuerdo a la ley, de que serán sujetos a sanciones penales".
Asimismo, el diputado opositor dijo que la directiva legislativa acordó incluir en la agenda una iniciativa de ley, introducida hoy por grupos opositores, para derogar ese decreto emitido por Ortega.
El mandatario nicaragüense argumentó que emitió ese decreto para evitar "un vacío de poder" en el Estado nicaragüense, ya que este año vence el período de cinco años a 25 importantes cargos y el Parlamento aún no ha nombrado a sus sustitutos.
La directiva legislativa acordó hoy, además, crear una comisión especial, integrada por diputados de todas las bancadas, para iniciar el proceso de consulta para el nombramiento de las personas que ocupen esos 25 cargos públicos.
En tanto, una decena de organismos civiles opositores al Gobierno de Ortega confirmaron hoy que han convocado a una marcha para el 22 de enero próximo para rechazar ese decreto Ejecutivo.
Violeta Granera, dirigente de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), integrada por 16 organizaciones críticas con el Ejecutivo, dijo a los periodistas que ese día habrá "una primera movilización" de rechazo a ese decreto.
La oposición considera que Ortega emitió ese decreto como presión política para obligarlos a reelegir a los magistrados del Poder Electoral, afines al Gobierno.
"El decreto Ejecutivo es un elemento de presión, para que, por la vía de negociación parlamentaria, se lleguen a convenir los nombramientos de 25 magistrados y funcionarios cuyos períodos están próximos a vencerse", admitió hoy en un acto público el vicepresidente, Jaime Morales Carazo.
