Empresa vinculada al contralor gana licitación

79 es el artículo de la Ley de Contraloría que prohíbe hacer negociados.

La empresa Petróleos Delta, propiedad de la familia del contralor de la República, Federico Humbert benefactor de la campaña del presidente Juan Carlos Varela, se adjudicó la licitación del combustible para suplir a los vehículos del Estado.

De esta forma, la mencionada empresa, que también tiene entre sus accionistas a la familia Motta -principales donantes de la campaña del hoy mandatario Juan Carlos Varela-, controlará el suministro del 75% de los 36 millones de galones de combustibles que la flota vehicular del Estado consumirá en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2017.

La empresa gasolinera que despacha a nivel nacional, en esta transacción económica lograría un estimado de 52.5 millones de dólares.

El acto de licitación fue por $70 millones y, a pesar de que solo se presentaron dos empresas, el proceso se diligenció con notoria celeridad para conformidad mutua.

De esta forma, la competidora, Petrolera Nacional (Terpel), se quedó con el 25% del suministro de gasolina de 91 octanos y diésel liviano, que se entregará en las estaciones de almacenamiento y despacho del producto propiedad del Estado, según la resolución de adjudicación.

Lo siguiente fue una circular consignada por la directora de Contrataciones Públicas, Jindriska Barakat hermana de Jorge Barakat, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AM)-, en la que instruye a las entidades del Gobierno central, instituciones autónomas y semiautónomas, contratar el suministro de combustible a Terpel por un periodo de 90 días (desde el pasado domingo, hasta el 15 de junio), mientras la empresa de la familia del contralor Humbert “se adecua para prestar sus servicios”.

Para Carlos Lee, de Alianza Ciudadana, esto confirma que en Panamá se hace imperativa la regulación del tema de los conflictos de intereses.

Y para la abogada Edna Ramos, además de conflicto de intereses, la licitación que termina favoreciendo al contralor es también una clara violación al Código de Ética del Servidor Público de Panamá.

Estas dos irregularidades -explica- ya le dan una categoría legal. “Y solo por ser una violación al Código de Ética del Servidor Público, pudiera dar lugar a un proceso disciplinario”, advirtió Ramos.

Falsa discreción

Y aunque el contralor Federico Humbert no se ha pronunciado sobre esta controversial concesión a favor de la empresa familiar (en algún tipo de discreción), Edna Ramos indica que tal discrecionalidad no aplica.

Y explica que la discrecionalidad es reconocida como la potestad de actuar de una u otra manera, y en el caso particular de Humbert, “él no puede divorciarse del matrimonio estatal”.

Al respecto, recuerda que “antes de su nombramiento, ya decíamos que las personas allegadas al presidente (como el empresario Federico Humbert) no eran los más indicados para ocupar altos cargos”.

Y finaliza con una escena figurada que coloca en balanza no solo la capacidad para desempeñar el cargo de contralor, sino también el civismo de no prestarse para estas situaciones. “Es imposible que el servidor público se divorcie de una vez por todas de sus vínculos que mantiene con la empresa que representa”, resume Edna Ramos.

Delito

Pero el jurista Neftalí Jaén es más enfático, y señala que no es solo un asunto de violación al Código de Ética del Servidor Público o de conflicto de intereses, sino también la posible comisión de un delito.

Y sustenta su posición al amparo de la Ley 32 de 1984 (la Ley que regula la Contraloría de Panamá), la cual establece en su artículo 79 que “Ningún servidor público de la Contraloría General de la República de Panamá podrá defender o patrocinar intereses económicos propios o de un familiar, comprendido dentro del primer grado de afinidad o segundo de consanguinidad”.

En el caso del contralor, está ligado directamente a la empresa Petróleos Delta.

“Queda claro que la propia ley crea una limitación para estas actividades a los funcionarios que define como servidor público de la Contraloría”, continúa explicando Jaén.

Es más -agrega el jurista- en la licitación de combustible a favor de esta empresa, incluso pudiera entrar en conflicto con el artículo 355 del Código Penal.

Este señala: “El servidor público, que abusando de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un acto arbitrario no calificado específicamente en la ley será sancionado”.

Por lo tanto -concluye el exfiscal auxiliar-, “considero que en aras de la transparencia, en nada contribuye esta adjudicación que da pie a pensar en que estamos ante un caso de tráfico de influencias”.

Sociedad civil denuncia visos de conflicto de interés en Contraloría

Tras el reciente negocio fraguado desde el Estado a favor de una empresa propiedad del contralor de la República, diversos voceros de la sociedad civil han alzado su voz en cuanto a la necesidad de que el “conflicto de interés” sea puntualmente regulado en Panamá, a fin de evitar situaciones como las que se están dando con el combustible estatal.

“Si bien es cierto podrán decir que la Contraloría no hace las licitaciones o las contrataciones, la ‘interpretación’ que queda en el aire por parte de la ciudadanía es que sí hay conflicto de intereses, puesto que la empresa beneficiada está ligada al contralor de la República”, advierte Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Consumo

53% del consumo del combustible se realizará en el área metropolitana.10% será en la provincia de Panamá Oeste, y el restante en las provincias.