Testigos señalan que fueron presionados para declarar contra Garuz, Pérez y Martinelli
El hecho de que testigos se hayan retractado de las acusaciones contra involucrados en el caso de pinchazos demuestra coacción en este proceso. Expertos indican que estas retractaciones de testigos confirman que el proceso que se sigue por los supuestos pinchazos está coaccionado.
Luego de salir a la luz testimonios de personas que indican que fueron presionadas por parte del Consejo de Seguridad a cargo de Rolando López y el Ministerio Público que dirige Kenia Isolda Porcell para declarar contra los involucrados en el caso de los pinchazos telefónicos, hay quienes indican que este caso debe extinguirse.
Expertos señalan que el simple hecho de que estas personas se retracten deja en evidencia que el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, así como a los exjefes del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garuz ha sido viciado y amañado para perjudicarlos.
El primero en retractarse fue el exagente del Consejo de Seguridad Nacional Jaime Agrazal, quien detalló cómo supuestamente lo obligaron para que involucrara no solo a Alejandro Garuz y a Gustavo Pérez, sino también al expresidente Ricardo Martinelli.
Jaime Agrazal indicó que fue visitado en la cárcel de David y allí se le indicó que entre sus declaraciones tenía que involucrar a Gustavo Pérez, Alejandro Garuz y Ricardo Martinelli.
El exagente del Consejo de Seguridad indicó que Rolando "Picuiro" López, Jacinto Gómez y el mayor de la Policía Nacional Edgar Tion, lo fueron a buscar y con ellos habló en unas oficinas del Ministerio Público de David, tras sacarlo de manera clandestina de la cárcel para traerlo hasta la capital del país.
A la retractación de Jaime Agrazal se le sumó la que hizo Isabella Stanziola, quien a principios de 2015 responsabilizó al exsecretario del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez por supuesto espionaje, pero en la actualidad aclaró que actuó bajo presión.
Bajo gravedad de juramento, Isabella Stanziola declaró que fue utilizada por el actual secretario del Consejo de Seguridad, Rolando López, y autoridades del Ministerio Público (MP) para declarar en contra de Pérez y, por consiguiente, en perjuicio de Ricardo Martinelli y Alejandro Garuz.'
Cifras
26 de febrero de 2018 fue la fecha en que Isabella Stanziola dio su declaración en Roma, Italia.
2 de marzo fue la fecha en que un tribunal de Roma certificó lo dicho por Stanziola.
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Isabella Stanziola, quien actualmente reside en Roma, Italia, afirmó que decidió hablar después de tres años por temor a represalias.
La declarante explicó que el plan consistió en que ella y la señora Maui Alemán de Pérez (ya fallecida), exesposa de Gustavo Pérez, "hiciéramos declaraciones y entrevistas manipuladas en la televisión", notándose una alianza para tal fin, pactada entre el Consejo de Seguridad, el Ministerio Público y periodistas de la Corporación Medcom.
Dentro de su declaración, Isabella Stanziola mencionó al secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, y al subsecretario David Díaz como los que actuaron por esta institución, siguiendo órdenes de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell.
Otro de los testigos que también ha indicado que fue presionado fue Ronny Rodríguez, quien además en reiteradas ocasiones ha indicado que el expresidente Ricardo Martinelli no tiene nada que ver en este caso.
Pruebas ilícitas
De acuerdo con el abogado Sidney Sittón, todo el caso de los supuestos pinchazos telefónicos está fundamentado en pruebas ilícitas, testimonios que se obtuvieron bajo chantaje, extorsión, y ofrecimiento de dineros a quienes declararan en contra de los involucrados.
En consecuencia, toda la construcción de la acusación del magistrado Harry Díaz, fiscal de la causa que se lleva en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está cimentada en mentiras, falsedades en hechos desleales cometidos por el Consejo de Seguridad con los tentáculos que tiene en la Procuraduría, “lo que nosotros hemos llamado la organización criminal para delinquir”.
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Sittón indicó que si se tiene un proceso en el cual se construye la prueba a base de chantaje, presiones y ofrecimiento es simplemente un prueba ilícita.
“Bajo esa premisa, cómo poder condenar a una persona en Panamá si a la hora de evaluar, todos esos elementos del proceso se desvanecen, hay que recordar que el proceso adversarial tiene tres componentes: los hechos, los indicios y la valoración, y si hay indicios de que el proceso está cimentado en chantajes, a la hora de la valoración eso se cae”, dijo el jurista Sidney Sittón.
Investigación
Luis Eduardo Camacho González, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que ante las denuncias de hechos tan graves dentro de este caso, no se ha dado ningún pronunciamiento serio por parte de los entes de investigación para esclarecer estas denuncias.
Luis Eduardo Camacho dijo que un proceso que está sostenido bajo pruebas ilegales tiene consecuencias negativas y podría declararse nulo, pero no se puede obviar que las autoridades deben investigar las retractaciones.
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