El fiscal boliviano Marcelo Soza anunció hoy que esta semana comenzarán detenciones y nuevas citaciones en la investigación de la supuesta banda terrorista desarticulada en la región oriental de Santa Cruz en abril del año pasado y que al parecer buscaba atentar contra el presidente Evo Morales.
Soza hizo el anuncio ante los medios de comunicación después de que un juez de Santa Cruz decidiera la semana pasada que el proceso contra esa banda, presuntamente liderada por Eduardo Rózsa (boliviano con ciudadanía húngara y croata), vuelva a ser investigada en La Paz.
Rózsa fue abatido en Santa Cruz en un operativo policial el 16 de abril pasado junto a Arpad Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés), en tanto que fueron detenidos el húngaro Elod Toaso y el boliviano-croata Mario Tadic.
Según la Fiscalía, esa banda pretendía asesinar al presidente Evo Morales, entrenaba milicias para defender a Santa Cruz de una posible intervención gubernamental y alentaba la posibilidad de una secesión del territorio boliviano cruceño.
El fiscal dijo que hará gestiones para que la justicia declare "rebelde ante la ley" al ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el empresario Branco Marinkovic, y se hipotequen judicialmente sus bienes por no haberse presentado a dar una declaración, según la estatal agencia ABI.
El funcionario indicó además que espera un informe de la Dirección de Migración para establecer el paradero del ex dirigente cívico (quien habría apoyado económicamente a la banda), ante la sospecha de que ha salido del país, pues hace varias semanas que no aparece en público.
El fiscal se refirió también al ex gerente del Comité Cívico de Santa Cruz Lorgio Balcázar, quien presuntamente pidió asilo en Estados Unidos, según publica hoy el periódico La Prensa.
Soza dijo que Balcázar tiene "mucha responsabilidad y mucho que aclarar en su país" por su presunta relación con la banda de Rózsa Flores en su plan de "fragmentación territorial".
Soza emitió el pasado mes de junio mandamientos de aprehensión en contra de Balcázar y otras seis personas acusadas de financiar al presunto grupo terrorista descubierto en el país en abril de 2009, después de que estas no se presentasen a declarar.
