Un juez de Estados Unidos anunció hoy que decidirá el próximo 17 de septiembre sobre la solicitud de extradición del ex militar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar en una matanza de guerrilleros perpetrada en 1972.
El magistrado Robert L. Dubé hizo el anuncio tras una vista judicial en un tribunal de Miami en la que estuvo presente Bravo, quien tiene la nacionalidad estadounidense, con familiares y su abogado Neal Sonnett.
Dubé dijo que es posible que emita el fallo por escrito después de escuchar dos testigos de la defensa, el abogado constitucionalista argentino Alfredo Solari y Jon Perdue, director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos.
También admitió 22 pruebas entre las que figuraban informes de la justicia de Argentina sobre la llamada "masacre de Trelew" e informaciones de prensa sobre las acciones "terroristas" de los grupos guerrilleros los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Solari, quien conoció de cerca la masacre y el proceso de la dictadura militar de ese momento, indicó que consideraba que el proceso iniciado en contra de Bravo es una "persecución política contra los militares de Trelew".
El jurista arguyó que la persona que ordenó el arresto de los militares en el 2006 era el director de la oficina de Derechos Humanos del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y fue abogado defensor de los sobrevivientes de Trelew y de las familias de los fallecidos.
Para Solari la presunta persecución política está dada también porque Bravo no puede ser juzgado al estar amparado por una ley de Amnistía del 24 de mayo de 1973 que "hasta el momento está vigente" y aclaró que las amnistías que fueron derogadas son las correspondientes a 1974 y 1982.
Con el decreto 425, agregó, de igual forma fueron absueltos de "toda responsabilidad" a los militares por el hecho de Trelew.
Pero los fiscales dijeron que en la actualidad hay varios ex militares en Argentina que afrontan la justicia por el mismo caso, a lo que Solari respondió que ello se debía a una "persecución política".
Perdue, por su parte, declaró sobre los guerrilleros y afirmó que no se trataba de organizaciones políticas, sino de grupos "armados, terroristas y muy violentos" que se dedicaban al secuestro de civiles para financiar su lucha armada.
Precisó que operaban en diferentes zonas de Argentina, pero su principal centro se encontraba en Tucumán.
Los fiscales preguntaron a Perdue si las noticias que se publicaban en esa época estaban influenciadas por el Gobierno, en un intento por descalificar parte de las pruebas presentadas por la defensa.
El testigo consideró que era posible porque se trataba de un gobierno militar.
Solari y Pedue declararon a pesar de que la Fiscalía Federal de Estados Unidos se opuso alegando en una moción que no se podían admitir testigos que no estuvieran directamente relacionados con la situación política de Argentina cuando ocurrió la matanza.
Sin embargo, el juez Dubé consideró que los dos testigos, en especial Solari, conocían muy bien los hechos.
Durante la vista judicial, los fiscales objetaron que Solari hablara del juez encargado del caso en Argentina y del proceso judicial y que se considera el suceso solo de la justicia militar.
Los hechos ocurrieron en la base naval Almirante Zar de Trelew, a 1.436 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuando 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron de un penal.
Los insurgentes tomaron el aeropuerto de Trelew, donde fuerzas militares detuvieron a 19, mientras que otros seis escaparon en un avión a Chile.
Los detenidos fueron llevados a la base naval donde 16 murieron y los restantes sufrieron graves heridas al ser ametrallados en sus celdas, según las autoridades argentinas.
Bravo, un ex teniente de navío de 68 años, fue detenido en Miami en febrero pasado y está en libertad tras pagar una fianza de 1,2 millones de dólares.
El ex militar se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos, a través de la cual recibió la residencia permanente en el país un año después y en 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense.
Bravo es director de una compañía que tiene contratos con empresas gubernamentales de Estados Unidos.
