Un juez paraguayo recibió hoy los resultados de la evaluación médica realizada al ex ministro de Interior Sabino Augusto Montanaro, quien regresó al país después de 20 años y afronta causas por violaciones de derechos humanos.
El juez Digno Fleitas recibió los resultados de la tomografía de cráneo y otros análisis a los que fue sometido Montanaro con vistas a su eventual declaración judicial por los casos que afronta por presuntos crímenes de lesa humanidad y corrupción, cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La evaluación, que detalla, entre otras cosas, la "capacidad disminuida" que presenta el ex ministro, será tenida en cuenta por Fleitas para solicitar una eventual evaluación psiquiátrica del procesado, informaron fuentes del Poder Judicial.
Según un primer análisis elaborado a comienzos de mayo pasado por Pablo Ernesto Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y José Nicolás Lezcano, médico forense, ambos del Poder Judicial, el ex político "puede mantener una conversación en sus niveles más básicos", pero que en ocasiones "presenta respuestas confusas".
Montanaro, que fue ministro de Interior de 1966 a 1989, la época más dura de Stroessner, se encuentra internado en el Hospital de la Policía en Asunción tras su sorpresiva llegada al país el 1 de mayo pasado luego de permanecer asilado durante 20 años en Honduras.
El ex político, aquejado de varias complicaciones de salud, fue derivado bajo arresto a ese centro médico luego de ser sometido a un chequeo médico en un sanatorio privado.
Montanaro afronta causas por torturas, apresamientos ilegales y desaparición forzada de personas, algunas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
La Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Stroessner, indicó en su conclusión, divulgada el 28 de agosto de 2008, que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante la dictadura.
Además, la Comisión situó en 128.076 el número de perseguidos a partir de 2.069 testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos.
