Fujimori aún debe cumplir una sentencia anterior y tiene dos juicios abiertos
SU CONDENA ACTUAL
El ex presidente está preso tras una primera condena de seis años en diciembre de 2007 por allanamiento de la morada de la esposa del que fue asesor presidencial y mano derecha de Fujimori, Vladimiro Montesinos: esa condena expira en diciembre de 2013.
César Nakazaki, socio de Souza, considera que la reducción de penas más los beneficios carcelarios a los que Fujimori es acreedor por trabajos en prisión (pintura y jardinería) podrían reducir esta pena de prisión hasta prácticamente la mitad, es decir, hasta principios de 2010.
LOS HECHOS JUZGADOS HASTA HOY
El juicio que concluye mañana por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), que dejaron 25 muertos, más los secuestros de un periodista y un empresario, pasará casi con seguridad a una sala de apelación, según Souza, que pronostica "entre tres y seis meses más" de proceso.
El 3 de noviembre de 1991 quince personas, entre ellas un menor de 8 años, fueron asesinadas en Barrios Altos, en el centro de Lima, "por sujetos fuertemente armados que llegaron en vehículos adscritos a instituciones estatales y que actuaron con total impunidad", según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
La irrupción en una fiesta benéfica en busca de activistas de Sendero Luminoso fue la primera acción atribuida al "escuadrón de la muerte" en momentos en que el grupo armado maoísta atemorizaba Lima.
Ocho meses después de este crimen, en la madrugada del 18 de julio de 1992, Colina secuestró a nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad de La Cantuta, al este de Lima, a los que después asesinó.
Fujimori había visitado esa universidad y se había topado con una violenta reacción de los estudiantes, por lo que impuso el toque de queda y un férreo control militar.
Según la CVR, los agresores irrumpieron en la residencia universitaria y, en presencia de un centenar de testigos, secuestraron a las víctimas sin que ninguna autoridad diera razón de su paradero e incluso negaran esa incursión.
Fujimori también deberá responder por los secuestros en 1992 del ex corresponsal del diario español El País en Perú Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en el denominado caso " Sótanos SIE" (Servicio de Inteligencia del Ejército).
Horas después del autogolpe de Fujimori del 5 de abril de 1992, Gorriti fue detenido en su domicilio y trasladado a la Comandancia General del Ejército, conocido como "El Pentagonito", en Lima.
Gorriti, quien se negó a entregar sus archivos periodísticos, fue liberado dos días después gracias a las gestiones de España y Estados Unidos, entre otros.
Dyer, detenido ilegalmente el 27 de julio de 1992 en el aeropuerto internacional de Lima, fue recluido por presuntamente colaborar con Sendero Luminoso en el "Pentagonito", donde permaneció hasta su fuga 9 días después.
PROCESOS PENDIENTES
Mientras ese proceso sigue su curso en apelación, quedan todavía dos procesos penales más que resolver en paralelo, con fechas por determinar pero que, en opinión de Souza, demorarán en ambos casos "entre seis y ocho meses al ritmo que lleva la Sala".
El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia ha decidido que el primer caso en verse será el Expediente 23-2001, comúnmente llamado "de los quince millones", en referencia al pago de quince millones de dólares al entonces asesor Vladimiro Montesinos. Este delito está penado con un máximo de ocho años.
Montesinos recibió supuestamente ese dinero de Fujimori en el año 2000 como "compensación por los servicios prestados" durante los diez años de colaboración con el presidente. Tras recibir el pago, Montesinos huyó a Panamá, donde solicitó infructuosamente asilo político.
Tras este caso vendrá otro mega-proceso que reunirá tres casos separados: el de "interceptación telefónica", el de "medios de comunicación" y el de "congresistas tránsfugas".
1. Interceptación telefónica: delitos de violación del secreto de las comunicaciones, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir por el espionaje telefónico a decenas de políticos, empresarios, periodistas y funcionarios ordenado por Montesinos. Pena de hasta cinco años.
2. Medios de comunicación: Delito contra la administración pública, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos por la compra de la línea editorial de diversos medios de comunicación con dinero público. Pena de hasta diez años.
3. Congresistas tránsfugas: Asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios por pagos a 14 congresistas tránsfugas para que apoyaran la reelección de Fujimori en el año 2000, tal y como se comprobó en una serie de vídeos grabados por el propio Montesinos. Pena mínima de cinco años.
Souza consideró que ambos procesos necesitarán muchas menos sesiones que el que mañana concluirá tras 160 jornadas, pero repitió que la apelación del juicio principal, más los dos nuevos procesos hacen prever un escenario de tres años de juicios como mínimo.
