El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, calificó hoy de "irresponsable" la aseveración de la mayor agrupación indígena del país respecto a que los derechos humanos y colectivos están "amenazados por políticas económicas y sociales implementadas por el actual régimen".
"Es difícil decir que Ecuador como Estado viola los derechos humanos. Aquí hay un momento de cambio social y político, hay discrepancias, como siempre las ha habido, pero en el mayor respeto a los derechos de los ciudadanos, de los pueblos", dijo Larrea en la Radio Quito.
Calificó de "exageración" y una actitud "irresponsable" la aseveración de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), liderada por Marlon Santi, sobre la situación de los derechos humanos en este país andino.
"La Conaie hace pública una vez más su preocupación por la situación de los derechos humanos y colectivos amenazados por las políticas económicas y sociales, así como por la imposición de una serie de leyes de cuestionada legalidad" que presentó el Ejecutivo, señaló ayer la organización en un comunicado.
El pasado noviembre, el Gobierno de Rafael Correa presentó un proyecto de ley de minería que actualmente estudia la Comisión Legislativa para su aprobación.
La Conaie ha cuestionado ese proyecto de ley pues considera que perjudicará el medio ambiente y pondrá en riesgo a las comunidades ancestrales, pese a que el Gobierno afirma que la extracción se realizará con plena responsabilidad ambiental.
Asimismo, los indígenas presentaron una propuesta de modificación del proyecto de ley de Agua y Soberanía Alimentaria porque estiman que en el texto que estudia, se permite la privatización de este recurso natural.
"Estas leyes contradicen los factores determinantes del régimen del buen vivir, Sumak Kawsay, y con los derechos colectivos garantizados en la Constitución, y en tratados e instrumentos internacionales", se señaló en el escrito.
Agregó que "para las Nacionalidades y Pueblos, la situación de los derechos humanos y colectivos es grave y preocupante a todo nivel".
"Los pueblos indígenas del continente enfrentan un proceso de criminalización, persecución y discriminación" y responsabilizan de ello a los estados y a las corporaciones trasnacionales "que pretenden despojar a los pueblos de sus recursos y patrimonio".
Pero Larrea señaló hoy que el Gobierno no quiere la "vieja minería de destrucción de la naturaleza, de explotación a los pueblos que viven cerca a las minas", sino una actividad sustentable con parámetros ambientales y tecnológicos, y con responsabilidad social.
"Nuestro Gobierno hará una minería responsable, no estamos contra la actividad minera", pero sí contra el "saqueo minero", subrayó al tiempo de considerar que no hay justificación alguna para una eventual movilización indígena contra la posición del Gobierno respecto a la actividad minera.
