El ministro de Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, consideró hoy innecesario prolongar el estado de excepción declarado por 30 días en cinco departamentos el pasado 24 de abril para intentar atrapar a un grupo armado de izquierda.
"Sería irresponsable de mi parte asegurar que ampliando el periodo de tiempo del estado de excepción se lograrán mejores resultados y se tendrá la detención de los miembros del EPP", dijo Filizzola a periodistas.
El Ministro de Interior hizo alusión al operativo militar y policial de búsqueda de los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado de izquierda con vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según la Fiscalía.
Ese grupo, que se atribuye varios secuestros con fines de extorsión y otros delitos, opera en las regiones boscosas del norte y centro y del país.
Filizzola opinó, además, que no se puede tener al país en estado de excepción permanente, al momento de considerar que esa situación refleja una "imagen negativa" del país.
Esa medida, con la que aún no se logró la captura de los cabecillas del grupo armado, rige en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, los dos últimos en la región occidental o Chaco.
En el marco de las operaciones de búsqueda se realizaron alrededor de 200 detenciones de algunos familiares de los presuntos miembros del EPP, así como de personas que presuntamente colaboraron con ese grupo de izquierda.
Además, se registraron altercados y un confuso tiroteo entre militares y policías en la comisaría de Huguá Ñandú, en el departamento de Concepción, 600 kilómetros al noreste de Asunción.
Esa situación disparó las críticas de los detractores de Lugo contra la medida, a la que califican "de un fracaso".
En ese sentido, el senador Enrique González, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), tercera fuerza política del país, aseveró la semana pasada que analizará si el Gobierno actúa en concordancia con la Constitución en este asunto.
Esta situación también revivió en el Parlamento los rumores del posible enjuiciamiento político del jefe de Estado, Fernado Lugo, por presunto mal desempeño en sus funciones.