Un tribunal de Apelaciones de Nicaragua admitió un recurso de amparo presentado por un diputado liberal en el que pide la nulidad de un decreto presidencial que extiende el mandato de magistrados y altos cargos que finalizan sus funciones este año, informó hoy la prensa local.
Los efectos del decreto de Ortega, según fuentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quedan suspendidos hasta que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua resuelva sobre la petición de nulidad del recurso, indicó hoy El Nuevo Diario.
La Corte de Apelaciones de Masaya admitió el recurso de amparo presentado por el diputado liberal Óscar Moncada el pasado lunes y dictó la suspensión de los efectos del decreto "porque se trata de un acto que de llegarse a consumar administrativamente le producirá daños irreparables al recurrente", dijo la fuente.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, decretó el pasado 9 de enero la ratificación y prórroga en sus cargos de diez magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuatro de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios, a pesar de que esa renovación sólo puede producirse en el Congreso.
Ortega tomó esa decisión después de que los partidos de la oposición pactaran a mediados de noviembre bloquear cualquier ratificación o renovación de cargos durante 2010 "mientras no se escoja para esos cargos a personas capaces, honestas e imparciales, de acuerdo a los preceptos constitucionales".
En su apelación, el diputado Moncada argumentó que la ratificación o prórroga de estos altos funcionarios es competencia exclusiva del Parlamento, que debe decidir al respecto con mayoría cualificada de 56 de los 92 legisladores que forman el Congreso de este país.
El único funcionario al que se le ha vencido el período de funciones desde el 10 de diciembre pasado es el procurador de Derechos Humanos, Ómar Cabezas, quien, a raíz de la publicación del decreto presidencial, se reincorporó a sus funciones.
En el primer semestre de este año expira el mandato de cinco años de los diez magistrados propietarios y suplentes del CSE, cuatro de la CSJ, cinco fiscalizadores de cuentas que forman la Contraloría General de la República y otros altos cargos como el Superintendente de Bancos.
