El máximo tribunal laboral de Brasil le impuso hoy una multa de cinco millones de reales (unos 2,9 millones de dólares) a una empresa condenada por haber mantenido a 180 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud.
Se trata de la mayor multa impuesta a una empresa por explotación del llamado "trabajo esclavo" en el país y de una sanción calificada como "ejemplar" por el magistrado del Tribunal Superior de Trabajo (TST), que propuso el castigo.
La condena "tiene que servir de ejemplo no solo para ese empleador, sino también en todas las situaciones en que se produzca esa práctica", afirmó el magistrado Luiz Philippe Vieira de Mello Filho en declaraciones a periodistas.
La empresa Lima Araújo Agropecuaria, con sede en el estado amazónico de Pará, fue multada porque en una fiscalización hecha por el Ministerio de Trabajo en 1998 en las haciendas Estrella de Alagoas y Estrella de Maceió, de su propiedad, fueron encontrados 180 empleados que vivían en condiciones "análogas a la esclavitud", entre ellos diez menores y varias mujeres.
La misma empresa ya había sido sancionada entre 1998 y 2002 en cinco oportunidades por fiscales del Ministerio de Trabajo por mantener trabajadores en condiciones infrahumanas y obligarlos a trabajar en labores pesadas y sin horarios a cambio, prácticamente, de su alimentación.
La empresa también había sido multada por el Tribunal Laboral regional de Pará con 30.000 reales (unos 17.143 dólares) por daños morales colectivos a los trabajadores explotados.
Los trabajadores vivían en "condiciones inhumanas", algunos estaban enfermos y "ni podían renunciar al trabajo debido a que tenían una deuda con la empresa mayor que su propio salario", aseguró el magistrado.
Por tratarse de un caso de reincidencia, la millonaria multa propuesta por el magistrado que relató el proceso fue aprobada por unanimidad por los miembros del Tribunal Superior de Trabajo.
Según el proceso, la empresa condenada no ofrecía agua potable a sus empleados, los mantenía en alojamientos inadecuados y sin instalaciones sanitarias, no les ofrecía asistencia médica, los obligaba a trabajar hasta 24 horas consecutivas y sin descanso dominical, y les retenía el salario.
En febrero de 2005 un tribunal laboral de Pará le impuso una multa de 760.000 reales (290.000 dólares al cambio de la época) al entonces senador Joao Ribeiro por el mismo delito.
