El Gobierno colombiano llamó hoy de manera urgente al Congreso para que prorrogue una ley de reinserción de la que depende la suerte judicial de unos 25.000 ex paramilitares.
"Lo que está en juego es la reconciliación del país", sostuvo el alto comisionado colombiano para la Paz, Frank Pearl, durante un encuentro con la prensa en la sede del Legislativo en Bogotá.
El consejero del presidente Álvaro Uribe pidió al Congreso que apruebe en esta legislatura, que termina el próximo junio, la prórroga de la ley de julio de 2005 que estableció el marco jurídico para la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Más de 31.000 miembros de esta organización paramilitar dejaron las armas en virtud de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero unos 25.000 de ellos se desmovilizaron durante los doce meses siguientes a la promulgación de dicha normativa, conocida como Ley de Justicia y Paz.
Por ello, los delitos cometidos durante dicho año por estos 25.000 ultraderechistas no pueden ser seguidos por esta nueva jurisdicción, lo mismo que los que se les atribuyen a varios centenares de guerrilleros que desertaron por la misma época.
"La ley cubre únicamente los delitos que se cometieron hasta el 25 de julio de 2005", aclaró Pearl, y observó que, para llenar este vacío o limbo jurídico, el Gobierno presentó en 2009 al Congreso un proyecto que buscar ampliar la vigencia de esta norma por una año más, es decir, hasta mediados de 2006.
Además de los cerca de 25.000 ex paramilitares, la prórroga de la ley les abrirá el acceso a la Ley de Justicia y Paz a entre 250 y 400 antiguos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según lo previsto por Gobierno.
La petición fue respaldada por el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro, quien advirtió en la misma reunión que de por medio también están los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La cifras oficiales muestran que la Ley de Justicia y Paz ha permitido la enunciación de unos 35.000 hechos criminales y el reconocimiento de 17.200 delitos, por parte de los paramilitares, lo mismo que la asignación presupuestaria de unos 100 millones de dólares con fines de reparación de víctimas.
Además, "hemos logrado que los desmovilizados, en las versiones libres, hayan confesado una enorme cantidad de delitos, más de 40.000 homicidios, que no sabíamos quién era el responsable", subrayó Pizarro, cuya dependencia fue creada por mandato de la misma normativa.
En este sentido, el presidente de la CNRR resaltó que los testimonios de los paramilitares los han llevado hasta unas 2.500 fosas comunes en las que fueron hallados más de 3.000 restos óseos humanos.
De igual forma, la normativa ha facilitado el registro oficial de unos 308.000 colombianos víctimas de la actividad paramilitar dentro de un programa oficial de reparación por vía administrativa.
Esta reparación es diferente de la judicial prevista en la misma normativa, reconocimiento que será tanto individual como colectivo, y que provendrá de un fondo que ha recibido unos 15 millones de dólares de los paramilitares, quienes también han entregado o perdido, por confiscación, bienes que, según Pizarro, tienen un valor que supera en "muchas veces" al de la cifra mencionada.
Pizarro enfatizó que son realidades que se derivaron de los incentivos de la normativa de reinserción, que prevé penas alternativas de 5 a 8 años para responsables de delitos atroces, para los que la justicia ordinaria establece condenas de 40 a 60 años.
Asimismo, la ley ha asegurado los derechos de las víctimas, por lo que la prórroga de este marco jurídico irá tanto en beneficio de los ex combatientes, como de la población víctima, subrayó el presidente de la CNRR.
En un informe sobre la reinserción paramilitar divulgado hace poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió que la extradición a Estados Unidos de 16 ex mandos paramilitares, en mayo de 2008, obstaculizó y casi que paralizó el proceso de esclarecimiento de los graves crímenes cometidos por las AUC.
