La Ley de asociación público privada aprobada por los diputados uruguayos y que generó polémica al interior del Gobierno facilitará la llegada de millonarias inversiones desde el exterior para el desarrollo de sectores como infraestructura, energía, sanitario y educación, estimaron hoy fuentes legislativas.
El proyecto fue aprobado la noche del miércoles por la Cámara de Diputados donde tuvo respaldo unánime de los legisladores de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA) y los opositores Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente.
Además de la importancia del proyecto en sí mismo, "el sistema político uruguayo da un mensaje hacia el interior y exterior del país de seguridad jurídica" destacó hoy a Efe el diputado colorado Germán Cardoso.
El proyecto, que ahora pasa a estudio de la Cámara de Senadores, "es una muy buena herramienta para modernizar y transformar el Estado" y "atraer al país inversiones extranjeras", agregó.
Cardoso destacó el "cambio ideológico" que "afortunadamente" sufrió el FA, "que años atrás llegó incluso a convocar plebiscitos para impedir" la asociación del Estado con empresas privadas cuando era oposición.
"Por eso sentimos que se ha ganado una batalla ideológica que beneficiará al país", afirmó el legislador.
Además, calificó como una "muestra de madurez" política el respaldo unánime de los diputados a la iniciativa oficial.
"Cuando hay proyectos buenos para el país la oposición está dispuesta a colaborar y ayudar", dijo el diputado y destacó que el Gobierno del presidente José Mujica "atendió" sugerencias de los partidos opositores lo que permitió "mejorar el proyecto original".
Cardoso dijo que "es muy difícil" tener una idea sobre el monto de los capitales que pueden ingresar a Uruguay para asociarse con el Estado pero "en todos los casos" se habla "de obras grandes e importantes para el desarrollo del país".
Mientras los diputados votaban en el Parlamento el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, impulsor y redactor del proyecto, realiza una gira por España para atraer inversores.
Lorenzo se reunió el pasado martes en Madrid con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) e invitó a sus integrantes a invertir en sectores clave del país como software, tecnología, turismo, infraestructuras, energías renovables o la industria automotriz, entre otros.
El ministro uruguayo visita Barcelona y finalizará mañana su gira en Galicia.
La Ley de asociación público privada fue precedida de una amplia y larga negociación en la interna del Frente Amplio, que agrupa a socialistas, comunistas, socialdemócratas, los exguerrilleros Tupamaros e independientes, entre otros, a pesar de lo cual las discrepancias se mantienen.
"No estamos de acuerdo con el texto aprobado, lo votamos por disciplina partidaria y esperamos que se pueda mejorar en el Senado", afirmó el diputado Hugo Dávila, del Partido Comunista que integra la coalición de Gobierno.
La principal discrepancia de los comunistas se refiere a las opciones que se abren para que inversores extranjeros "participen en la construcción de obras sociales" espacio que "debería quedar exclusivamente para el Estado", agregó el legislador en declaraciones a medios locales.
Tras la aprobación en por los diputados el proyecto pasará a la Cámara de Senadores, donde la izquierda tiene la mayoría; pero, igualmente, se presume que la iniciativa también tendrá el respaldo de la oposición.
Entre los objetivos del Poder Ejecutivo figuran la construcción o mejoras en carreteras y puentes, ferrocarriles, sector energético, sanitario, viviendas, centros de estudio, deportivos y cárceles, entre otros.
A texto expreso la ley reserva para el Estado los considerados servicios esenciales, cuya prestación "le corresponde en forma exclusiva", según destaca la ley en referencia a las políticas de educación, salud y seguridad.
El proyecto establece, además, un tope a los recursos que cada Gobierno podrá comprometer durante el período de pago de las obras que realice con privados.
El límite se fijó en el 7 % del Producto Bruto Interno (PIB) durante los cinco años de Gobierno.
La Administración del presidente José Mujica pretende que los senadores aprueben el proyecto en el mes de junio para acortar los plazos e iniciar a la brevedad las licitaciones para diferentes proyectos.
La idea es que dentro de un año se concreten las primeras adjudicaciones a empresas privadas para realizar obras de infraestructura asociadas con el Estado.
