El Gobierno uruguayo se afirmará en su derecho soberano a defender la salud pública de sus ciudadanos como estrategia en el juicio que la tabacalera Philip Morris le inició por su política antitabaco y que comenzará a finales de mayo en París, informaron fuentes oficiales.
En una rueda de prensa, las autoridades uruguayas, encabezadas por el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa y el canciller Luis Almagro presentaron las líneas maestras de la estrategia uruguaya ante la demanda y el equipo de abogados, liderado por el estadounidense Paul Reichler, que asumirá la defensa del país en el litigio.
Según el abogado, la defensa de Uruguay en este juicio, que se producirá en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial, se basará en que en el mismo acuerdo de protección de inversiones que la compañía tabacalera dice que el país ha violado existe un artículo que autoriza a no permitir actividades económicas "que dañen la salud pública".
"El tratado establece que por soberanía, Uruguay tiene el derecho de prohibir actividades nocivas (...). Con sus leyes antitabaco, el país no ataca las inversiones de Philip Morris, sólo impone límites a una actividad que es promover y comercializar productos nocivos", destacó Reichler.
Uruguay inició una fuerte campaña contra el consumo de tabaco durante la Administración del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), oncólogo de profesión, que fue respaldada por el actual presidente José Mujica, segundo de izquierda en la historia del país.
La prohibición de fumar en oficinas públicas y privadas, hoteles, restaurantes y discotecas entre otros, el incremento de los impuestos al tabaco y restricciones a la publicidad son algunas de las medidas que se aplican por ley en el país.
El Gobierno uruguayo recibió el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su política antitabaco.
Philip Morris aduce que esa política, que entre otras cosas obliga a que el 80 % del espacio de las cajetillas esté destinado a mensajes explícitos contra el consumo, constituye un ataque a sus derechos de propiedad intelectual e imagen de marca y vulnera los acuerdos de protección de inversiones entre Uruguay y Suiza, desde el que opera la compañía.
Para Cánepa, que será una de las autoridades uruguayas que acudirán al inicio del juicio, la intención de Philip Morris es "mandar un mensaje muy fuerte al mundo" de que está dispuesto a combatir "los avances en la protección de la salud que generen distorsiones en su capacidad de venta".
"Uruguay es un país pequeño, del sur, con limitaciones económicas (...). Este es un caso sin precedentes a nivel internacional, no se discute la salud, sino los problemas a la inversión", dijo el funcionario.
"Ya hay muchos países esperando a ver qué pasa con esto para desarrollar sus políticas antitabaco. Por eso esta es una pelea importante para el mundo", añadió.
En cualquier caso, Cánepa enfatizó que Uruguay no modificará sus leyes para apaciguar a Philip Morris, puesto que el Gobierno está convencido "de que es una política justa y la que necesita la población del país".
El funcionario apuntó, además, que se estima que el juicio durará unos dos o tres años y que le costará a las arcas públicas de tres a cuatro millones de dólares.
En ese sentido, destacó los aportes realizados por diversas asociaciones, entre ellas la estadounidense Tobacco Free Kids, para sufragar parte de los gastos que conllevará el juicio.
