Panamá celebró el Convenio de Asistencia al Sistema de Ejecución de Penas y Rehabilitación del Recluso dentro del marco de cooperación del Fondo Fiduciario España-PNUD.
Persigue el Proyecto sentar las bases para una adecuada planificación y ejecución de un plan de reforma integral del sistema penitenciario e igualmente establecer los mecanismos necesarios para una adecuada coordinación entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio Público y el Organo Judicial, en todo lo que se relaciona al proceso penal y la ejecución de penas.
Como horizonte en la elaboración de los planes de trabajo de este proyecto, se tiene la figura del respeto a la persona del interno y por ende al respeto de los derechos humanos. Y es que la persona que ingresa a una cárcel no sólo tiene deberes que cumplir, sino que es también sujeto de derechos que debe tutelar el Estado.
La Constitución Política de la República de Panamá en su Artículo 28 funda el sistema penitenciario en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social y prohibe la aplicación de medidas lesivas a la integridad física, mental o moral de los detenidos, previendo su capacitación para su reinserción a la sociedad. En este sentido los derechos que el interno tiene como ser humano, tales como salud, derechos de familia, seguridad y otros deben ser respetados durante su permanencia en la cárcel. La limitación a que está sujeto el penado, debe circunscribirse a la pena impuesta por el Juez y a las que las leyes establezcan, de manera tal que contados los derechos perdidos o limitados por la pena, su condición debe ser igual a las de las personas no condenadas.
Para poder iniciar esfuerzos coadyuvantes de la labor resocializadora, el proyecto de asistencia ha encaminado sus iniciativas hacia aspectos referentes a la reestructuración administrativa, informatización, salud, reglamentación penitenciaria, formación de personal, programas de rehabilitación y tramitación procesal.
El plan de trabajo iniciado en enero de 1997 está logrando la informatización del Departamento de Correción y cuando concluya en noviembre se podrá manejar en forma diligente desde esta oficina, toda la información necesaria sobre la población penal del país.
Se creó la Comisión de Coordinación de la Actividad Penitenciaria, con sede en el Ministerio Público e integrada por delegados del Ministerio de Gobierno y Justicia y el Organo Judicial.
La Comisión, visualizada como la figura precedente al Juez y Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, pretende precisamente salvaguardar los derechos de los detenidos desde el punto de vista de su situación en las prisiones y su estado jurídico-procesal.
Igualmente mantiene una comunicación fluida entre los tres organismos que la integran, los cuales tienen alguna participación en la problemática penitenciaria.
Esta comunicación directa y permanente ha permitido la agilización de muchos procesos penales, así como el mejoramiento de las condiciones de vida; pero el éxito más sobresaliente es la comunicación positiva de cara a resolver en forma inmediata los problemas que se presentan.
El Proyecto elaboró un completo plan primario de salud a que deberán ser sometidos todos los detenidos que ingresen a un centro penitenciario, y cuya implementación se encuentra en pleno desarrollo.
Se ha logrado también una mejora notable en las coordinaciones de traslados de los detenidos para diligencias procesales, asunto que se realiza a través de una red de fax aportados por el proyecto, con la debida coordinación entre instituciones y con el traslado físico de los internos en un autobús proporcionado también por el proyecto, y el cual reúne las condiciones de seguridad necesarias para este fin.
El Proyecto ha coadyuvado también en el fortalecimiento del vínculo familiar del interno al coauspiciar la construcción (en el área de la cárcel La Joya), de viviendas para el alojamiento del interno, su esposa e hijos, como parte de los programas de tratamiento.
Se ha instruido en todo el territorio de la República a las autoridades administrativas de policía, con la idea que tomen conciencia para la aplicación en forma restrictiva de las sanciones privativas de libertad.
El Proyecto sugirió a la Comisión Presidencial creada, recientemente, para recomendar acciones de mejoras, la reestructuración del Departamento de Corrección en cinco áreas de trabajo, sugerencia que fue acogida y cuyos representantes viajaron a España para su debida instrucción.
Se prevé también la asistencia al Instituto de Defensoría de Oficio, con el financiamiento de un defensor auxiliar, cuya misión principal es mantener al interno informado con los pormenores de su situación procesal, ya que la falta de información, constituye factor de desasosiego entre los mismos.
Es de vital importancia entre los planes que se desarrollan la formación permanente del personal penitenciario en el ámbito administrativo, técnico y de custodia y el desarrollo de cursos de rehabilitación.
Teniendo como máxima que "el personal penitenciario si no lo es todo, lo es casi todo", se ha diseñado un completo programa de instrucción para el personal penitenciario, incluyendo el que desarrolla funciones administrativas, técnicas y de custodia, procurando que al final quede un programa permanente de formación penitenciaria, para mejorar el respeto a los derechos humanos en las prisiones.
(Fuente: Revista "Todos los Derechos Humanos para Todos", de la ONU).
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