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La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, fue imputada ayer por dos delitos fiscales en un caso de corrupción en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin, por lo que un juez deberá establecer si es objeto de acusación y si será llevada a juicio.
La imputación se debe al caso Nóos, fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6.1 millones de euros de fondos públicos entre 2004 y 2007.
Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (islas Baleares, Mediterráneo) confirmaron la imputación de Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, pero retiraron la de blanqueo de capital.
El tribunal considera que detrás de Aizoon, empresa de Cristina e Iñaki Urdangarin al 50%, hay “un matrimonio que abusa de una sociedad para obtener beneficios fiscales y al mismo tiempo para modificar su régimen económico” de separación de bienes a gananciales.
En su imputación, el juez instructor del caso, José Castro, mantenía la hipótesis de que la sociedad Aizoon era una pantalla para eludir pagos a la Hacienda española.
Con la decisión de ayer, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca abre la posibilidad de que las partes personadas en el sumario formulen acusación contra la infanta como cooperadora necesaria de un delito fiscal.
Cristina podría evitar ser juzgada si se aplica la doctrina Botín. La misma, elaborada por el Tribunal Supremo, dicta que un imputado por delitos fiscales no deberá sentarse en el banquillo de los acusados si no es acusado por la Fiscalía o Hacienda, como en este caso.
Reunión de reyes
Los reyes llevaron a cabo el miércoles una reunión especial con sus más estrechos colaboradores de la Casa del Rey para repasar algunos de los asuntos pendientes, como el futuro judicial de la infanta.
