El Estado venezolano cuestionó hoy la imparcialidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en un día en el que acude al tribunal continental por el asesinato del activista Joe Castillo, perpetrado en 2003.
"Se ve que existe un criterio desigual. Ahora que el presidente, (Hugo) Chávez, ha respetado los derechos humanos en Venezuela es que se llevan casos sin ningún fundamento ante la Comisión y la Corte, y eso demuestra la parcialidad que existe contra el Estado Venezolano", declaró a Efe el agente estatal, Germán Saltrón.
Según Saltrón, antes de la llegada al poder de Chávez, Venezuela fue acusado solo una vez ante la CorteIDH, mientras que durante su mandato ya suman 12 casos, lo que a su juicio demuestra "parcialidad" del sistema interamericano.
La CorteIDH celebra hoy en su sede en Costa Rica la audiencia por el asesinato a balazos del activista de Derechos Humanos Joe Castillo, mientras viajaba en su automóvil en el estado de Zulia acompañado por su esposa y su hijo de año y medio de edad, quienes resultaron heridos de gravedad.
Castillo se dedicaba a la protección y promoción de los derechos humanos de refugiados y desplazados por el conflicto armado en Colombia que cruzaban hacia Venezuela, y también era activista en favor de campesinos e indígenas para el resguardo de sus tierras.
La demanda señala que el asesinato de Castillo se mantiene en la impunidad y que el Estado no ha cumplido con investigar el caso, ya que fue archivado en 2006.
En la audiencia rindió declaración la esposa de Castillo, Yelitze Moreno, quien narró lo sucedido y afirmó que espera que los jueces de la CorteIDH se pronuncien a su favor para "obtener justicia" y "conocer realmente lo que pasó".
El Estado venezolano presentó como testigo al fiscal Elvis Rodríguez, quien conoció el caso desde 2005, y quien afirmó que la investigación fue archivada porque con las pruebas obtenidas fue imposible atribuirle el crimen a alguien.
Sin embargo, aseguró que el proceso judicial dentro de su país no se ha agotado, pues la esposa de Castillo aún puede interponer un recurso contra el archivo del caso, que sería reabierto únicamente si existieran pruebas "relevantes".
El agente del Estado, Germán Saltrón, afirmó: "Este es uno de esos casos que han traído aquí (a la CorteIDH) en los que no se han terminado de agotar los recursos internos en Venezuela".
"Aún así, la Comisión le da entrada y lo trae a la Corte, eso es violatorio de la Convención Americana de los Derechos Humanos", agregó el representante estatal.
