Los últimos testigos en el juicio al juez Baltasar Garzón por su intento de investigar las crímenes del franquismo reclamaron hoy la actuación de la Justicia, dentro o fuera de España, para esclarecer delitos que consideran de lesa humanidad que no prescriben.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, y el de la Asociación Héroes de la República y la Libertad de Cantabria, Antonio Ontañón, pidieron ante el Tribunal Supremo la acción judicial.
"En Santander había una consigna que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro. En aplicación de esta consigna se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica", declaró Ontañón.
Antonio Ontañón aportó como parte de su denuncia ante la Audiencia Nacional española su libro "Rescatados del olvido", que recopila una investigación de 30 años sobre la represión franquista.
Silva defendió por su parte la necesidad de que se investiguen judicialmente las desapariciones del franquismo y que la Justicia actúe, aunque sea fuera de España, y citó en concreto la investigación abierta en Argentina.
"Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad de investigar esos crímenes, es lo que queremos", dijo Silva, que expuso los motivos que les llevaron a denunciar los hechos en la Audiencia Nacional y por los que ahora se ha personado en la causa abierta sobre los crímenes franquistas por la juez argentina María Servibi de Cubría.
La magistrada ha pedido a España información sobre ministros y miembros de las fuerzas de seguridad entre 1936 y 1977.
Un requerimiento al que el Gobierno español aún no ha respondido, según el presidente de la ARMH, que recuerda que la Audiencia Nacional investigó otros crímenes de lesa humanidad en aplicación del principio de Justicia universal.
"Las exhumaciones ya las hacemos nosotros desde hace mucho tiempo, ese es un problema aparte, lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa con cualquier crimen cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y les tiran en una cuneta", dijo Silva.
Silva aseguró que su asociación contabilizó ya más de 12.000 desaparecidos.
Hoy también declaró Antonio Solsana, de la asociación de Memoria Histórica de Castellón, que relató como el 4 octubre de 1947 la Guardia Civil se llevó a su abuelo y a un vecino, a los que acusaron de relacionarse con los "maquis" (miembros de la guerrilla antifranquista).
Solsana explicó que esa relación consistió únicamente en que les dieron comida tres o cuatro veces.
Tras la declaración de los últimos testigos, el tribunal dio paso a la prueba documental, en la que la defensa ha aportado más de 60 documentos, entre ellos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y resoluciones jurídicas de tribunales internacionales sobre crímenes de guerra y desapariciones forzosas.
Durante la vista se leyó un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, del año 2008, que defendía la competencia de la Justicia española para investigar crímenes de lesa humanidad y el voto particular suscrito por tres magistrados de este tribunal que respaldaron la competencia de Garzón para investigar las desapariciones del franquismo.
También se procedió, a petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias que presentó la querella contra Garzón, a leer el auto en el que este juez archivó una querella interpuesta contra el histórico dirigente comunista Santiago Carrillo por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio de Paracuellos de Jarama, al considerar que los delitos habían prescrito.
Se refiere al fusilamiento de centenares de prisioneros en noviembre y diciembre de 1936 de cárceles de Madrid, enterrados en fosas comunes en las localidades de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Entonces, Santiago Carrillo, de veintiún años, era consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid.
El juicio a Garzón por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista se reanudará mañana con la exposición de los informes finales de las partes.
