La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) presentó hoy una demanda de acto conciliación en unos juzgados de Madrid contra los dos laboratorios que comercializaron en España este fármaco, en la que reclama 156 millones de euros para sus 184 socios afectados.
José Riquel, presidente de Avite, informó a Efe de que la demanda va dirigida contra Grünenthal y UCB Pharma, los dos laboratorios que vendieron en 1957 un medicamento que contenía un principio activo llamado talidomida y que causó graves malformaciones en fetos de mujeres embarazadas que recibieron ese tratamiento.
El acto de conciliación es el paso previo a la presentación de la demanda como tal si no se llega a un acuerdo con las farmacéuticas, lo que previsiblemente no ocurrirá, señaló Riquelme.
Los afectados han mantenido ya tres reuniones con responsables de los laboratorios, en las que UCB Pharma "no ha querido saber nada" y Grünenthal les ha ofrecido 120.000 euros para todos los afectados, una oferta que ha sido rechazada por Avite.
La asociación recibió el apoyo por escrito de la Fiscalía General del Estado, que se personará como acusación en caso de que se inicie un procedimiento judicial.
Riquelme dijo que la cantidad de 155.950.000 euros se ha fijado teniendo en cuenta el número de afectados, sus minusvalías y las indemnizaciones que "están cobrando desde que nacieron" otros enfermos en el mundo.
"Es increíble que el dolor de un afectado español no lo hayan querido equiparar con el dolor de un afectado alemán", señaló el presidente de Avite.
La talidomida era un sedante que se administró como complemento inocuo para las náuseas de las mujeres embarazadas y que causó graves malformaciones en los fetos -hoy personas adultas-, tales como aletas de foca (manos pequeñitas que nacen de los hombros o los codos con tres dedos o pies pequeños que nacen directamente de las ingles).
El fármaco fue retirado del mercado en 1961 en Alemania, donde se originó el problema, pero se siguió vendiendo en España varios años después.
En Gobierno español no reconoció oficialmente la existencia de afectados hasta el año pasado, cuando aprobó un Real Decreto de "ayudas solidarias" para solamente 23 afectados.
El problema está en que no existe ninguna prueba médica ni científica que demuestre con certeza quien es afectado y quién no, por lo que se indemnizó solo a los nacidos entre 1960 y 1965.
Esto, según Riquelme, supone un reconocimiento de que en España el fármaco se vendió cuatro años más tarde que en el resto del mundo.
