Esta restricción de orden constitucional no se cumple en la práctica. Basta darse una vuelta por San Miguelito y se podrá advertir que todas las abarroterías, tiendas y bodegas están en manos de personas que no parecen ser nacionales panameños.
Sin embargo, yo insisto en que este es un tema que debe enfocarse en un plano más abarcador. Por una parte, hay que recordar que nuestro país hizo concesiones para ingresar a la Organización Mundial del Comercio que liberan en cierta medida el comercio al por menor. Estas concesiones fueron hechas durante la actual administración de Pérez Balladares. No obstante, por sus efectos en pequeña y micro empresas, soy de la opinión que el comercio al por menor debe continuar reservado para los panameños y las autoridades deben velar para que las normas y condiciones de acceso deben velar para que las normas y condiciones de acceso negociadas por nuestro país sean eficazmente cumplidas. En este sentido, el reforzamiento de las instancias correspondientes dentro del Ministro de Comercio e Industrias y la cooperación efectiva de las autoridades municipales a nivel nacional, deben servir para evitar que quienes no están expresamente autorizados, ejerzan el comercio al por menor a través de interpuestas personas.