El crecimiento demográfico y la pobreza afectan no solo el bienestar socioeconómico del pueblo panameño, sino también el balance ecológico del territorio nacional. Recientemente se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y se aprobó la Ley General de Ambiente, ambas presentan deficiencias críticas que serán revisadas durante mi gestión; sin embargo, constituyen la base para mitigar o detener el creciente deterioro ambiental y el mal uso de nuestros recursos naturales. Pero debemos hacer más; como intensificar la educación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales, repoblar aquellas masas boscosas destruidas o depredadas especialmente las cuencas de las plantas hidroeléctricas del país y la del Canal de Panamá. Respetando la dignidad ciudadana reubicaremos a los precaristas que ocupan tierras en la cuenca del Canal,, brindándoles apoyo estatal para mejorar sus prácticas agrícolas, fomentando la vuelta al campo. Legislaremos para incorporar claros criterios económicos a la evaluación de los daños ecológicos y asignaremos responsa-bilidades ineludibles a quienes ocasiones deterioro ambiental o perjuicios a los ecosistema.
Finalmente, Panamá necesita un Código Ambiental que recoja lo relacionado con la preservación de la diversidad biológica y la explotación racional y sostenible de los recursos naturales.
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