La Fiscalía colombiana abrió una "indagación preliminar" contra el ex ministro de Defensa Camilo Ospina y el comandante saliente de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, por su presunta relación con una cadena de ejecuciones extrajudiciales, informaron hoy fuentes jurídicas.
La apertura de esta indagación se derivó de una denuncia presentada el pasado 23 de enero por el abogado y periodista Felipe Zuleta, quien asumió la representación de un grupo de familiares de víctimas de ejecuciones de civiles a manos de militares.
Además de Ospina y de Padilla de León, Zuleta denunció al también ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, candidato presidencial por el oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U, de derecha) y favorito para la segunda vuelta electoral del próximo 20 de junio.
Zuleta dijo hoy a medios periodísticos de Bogotá que la apertura de la indagación le fue informada en una comunicación escrita por la asistente de la Fiscalía IV de esta ciudad, Mary Luz Fonseca.
En la nota, la funcionaria precisa que la decisión, adoptada el pasado 28 de mayo, se corresponde con una indagación "por el presunto delito de concierto para delinquir, por los hechos conocidos como 'falsos positivos'".
Como tales se conocen en el país las ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores u obtener beneficios como días de descanso.
Según las denuncias, estos casos pudieron derivarse de una resolución de incentivos a miembros de la Fuerza Pública que dieran muerte a rebeldes y que fue adoptada en 2005 por Ospina, entonces ministro de Defensa, cargo en el que fue sucedido a partir de agosto de 2006 por Santos, quien lo ejerció hasta mayo de 2009.
Tras dejar esa dependencia, Ospina fue designado embajador del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), representación a la que renunció el año pasado luego de que el presidente Álvaro Uribe lo incluyera en una terna de candidatos a fiscal general, postulación que el ex diplomático retiró hace poco.
Uribe se refirió casi de inmediato al caso y, en declaraciones a la emisora bogotana Radio Súper, consideró que la indagación contra Padilla de León "es sumamente grave para el ánimo de las Fuerzas Armadas de Colombia".
"Expreso mi dolor por las circunstancias de que al general Freddy Padilla de León se le haga una notificación para que concurra a rendir una indagación preliminar, y mi rechazo a eso", añadió Uribe.
El abogado Zuleta dijo a la cadena RCN Radio que no fue informado de la razón por la que Santos fue excluido de la "indagación preliminar".
Durante el tiempo en el que Santos estuvo como titular de Defensa "se presentaron unos 1.200 'falsos positivos'", sostuvo el autor de la denuncia, que ha documentado un total de 2.272 ejecuciones de esta naturaleza.
El caso "lo llevaremos hasta las últimas consecuencias", prometió el abogado y periodista, quien representa a un colectivo de madres de víctimas de Soacha, populosa localidad del sur bogotano.
De Soacha eran oriundos unos jóvenes cuyos casos desataron el escándalo de los "falsos positivos", con los que la Fiscalía General ha vinculado a más de medio millar de militares.
En un informe que presentó el pasado 27 de mayo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, denunció que en Colombia existe un "patrón de ejecuciones extrajudiciales".
"Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país", advirtió Alston.
El diplomático elaboró este informe tras una visita al país andino que hizo el año pasado.
