El nuevo Código Procesal Penal será aplicado de forma inmediata para los funcionarios públicos denunciados por actos de corrupción en Perú, con el objeto de acelerar esos juicios, según una ley aprobada hoy por el Congreso peruano.
El Contralor general de la República, Fuad Khoury, señaló ayer, en una visita al Parlamento, que hay 603 funcionarios públicos procesados por delitos penales y civiles -no especificó cuántos lo eran por corrupción-, y todos ellos continúan en sus puestos porque los informes de control emitidos en su contra no son vinculantes.
Khoury llamó la atención del Legislativo para que aprobase un paquete legal que permita mayor celeridad en las investigaciones judiciales y en las consiguientes sanciones para los que hagan un mal uso de fondos públicos.
La norma aprobada hoy adelanta en dos años la entrada en vigencia del código penal para los delitos de concusión (pedir soborno), cobro indebido, colusión, patrocinio ilegal, responsabilidad de peritos, peculado (uso personal de bienes estatales), corrupción de auxiliares jurisdiccionales, malversación, cohecho electoral político, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.
El nuevo código penal está siendo implementado en el país por etapas y debe culminar su plena adopción en los distritos judiciales de Lima en el 2012.
La ley también alcanza a los partícipes, sean estos cómplices o inductores de delitos, y a los implicados que sean sorprendidos en flagrante delito o que hayan confesado la comisión del ilícito.
Asimismo, la norma plantea atribuir una falta grave al juez que no cumple con los plazos legales para la publicación de sentencia, o que no vigile el cumplimiento de la celeridad procesal.
El presidente de la comisión a cargo del dictamen, el opositor Rolando Sousa, afirmó que los delitos de corrupción "socavan la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia, y perjudican el desarrollo integral de los pueblos".
Por su parte, el presidente del Congreso, el oficialista Luis Alva Castro, dijo que la aplicación inmediata de la ley "será fundamental para sancionar a los corruptos y es una seria advertencia para quienes pretendan corromperse".
El actual Gobierno del presidente Alan García ha sido señalado por varios casos sonados de presunta corrupción.
Entre ellos, destacó el escándalo de los "petro-audios" que comprometió a varios funcionarios del sector petrolero y el propio gabinete ministerial en la adjudicación de lotes a una empresa noruega en el 2008, un caso por el que todavía no hay sentencias.
