Grupos pro Derechos Humanos peruanos denunciaron hoy el aumento de los conflictos sociales y la falta de libertad de expresión en ese país, en una audiencia del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Miguel Jugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), expresó su preocupación por el "débil" funcionamiento de los mecanismos institucionales ante el aumento de la "conflictividad social" sobre todo en materia de políticas económicas y de recursos naturales como el agua.
En 2009 se registraron 267 conflictos sociales, según dijo el activista, que hizo referencia a datos del Defensor del Pueblo, y atribuyó la mitad de ellos a causas socioambientales.
Jugo denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, a las que acusó de "atentar contra el derecho vida", y señaló que desde 2006 se han registrado 32 muertos durante estas protestas.
"Perú tiene una marcada brecha entre la norma interna del uso de la fuerza por parte de funcionarios ley y la normativa internacional", dijo Jugo, que citó lanzamientos de gases lacrimógenos y uso de armas en manifestaciones.
Los activistas hicieron referencia a los enfrentamientos entre los campesinos y la policía en el yacimiento minero de Río Blanco, en Ayacucho, por protestas contra un gasoducto del consorcio Perú LNG.
Además señalaron la suspensión de las garantías fundamentales de los ciudadanos por las sucesivas declaraciones de "estado de emergencia" que ha emitido el Gobierno de Alan García entre 2007 y 2009 para evitar movilizaciones sociales. Una medida que, recordaron, debe ser utilizada sólo de manera "excepcional".
En la audiencia estuvo presente el presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Villa Stein, quien defendió el estado de derecho en ese país y la total autonomía de las instituciones ante las acusaciones vertidas.
"En Perú existe la libertad de expresión y de protesta", aseguró Villa Stein, "una cosa es la protesta y la libertad de expresión y otra el libertinaje en la instigación a la violencia y al delito", dijo en referencia a los policías muertos en los enfrentamientos.
Las hostilidades del pasado junio en las ciudades amazónicas peruanas de Bagua Chica y Bagua Grande se saldaron con 33 muertos, 24 de ellos policías.
En cuanto a la libertad de expresión, el representante de Aprodeh señaló que se han triplicado las acciones contra los derechos de la prensa y que el pasado año la coordinadora nacional registró 100 casos en ese tema.
Estos incluyeron cierre de medios de comunicación, sobre todo, dijo, en las emisoras pequeñas del país, donde se han registrado conflictos sociales, y amenazas recibidas por algunos periodistas como el reportero Julio Vázquez de radio Cutivalu.
En particular hizo referencia al cierre de cuatro estaciones de radio a las que se les incautó equipos alegando que no tenían los recursos adecuados.
La procuradora supranacional, Delia Muñoz, señaló que en tres de los casos ya han sido renovadas las licencias y en otro hay un problema administrativo por la falta de homologación de equipos.
Los peticionarios pidieron a la CIDH que emita una recomendación al Gobierno peruano para tomar las medidas necesarias para que el derecho a la libertad de expresión sea respetado.
Asimismo solicitaron que el Estado modifique las normas que criminalizan la protesta social, que adecúen la legislación a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y garanticen la independencia del proceso jurídico, brindando seguridad a fiscales y magistrados.
Por último pidieron al relator especial de la CIDH para Perú que haga una visita al país para comprobar los escenarios de conflictividad social y que informe "sobre la incompatibilidad de la ley vigente contra la protesta social establecida por el Gobierno".
